Marta Cirulli se niega a avanzar en la investigación de maniobras de vaciamiento denunciadas por la fiscal de Cámara Gabriela Boquín. El tribunal de alzada había respaldado el pedido de la fiscalía para profundizar medidas de prueba.

Una situación insólita atraviesa al expediente concursal sobre el Correo Argentino, de la familia Macri, que le debe al Estado 4000 millones de pesos. A pesar de la orden de la Cámara Comercial, la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, se niega a avanzar en la investigación de maniobras de vaciamiento denunciadas por la fiscal de Cámara Gabriela Boquín. El tribunal de alzada había respaldado el pedido de la fiscalía para profundizar medidas de prueba sobre retiros de fondos en favor de las empresas controlantes de Correo, SOCMA y SIDECO, que son pilares del Grupo Macri, y sobre investigación más reciente que mostró el desvío de al menos 35 millones de pesos hacia estudios de abogados, consultoras y agencias de publicidad, algunos vinculados al gobierno actual. Correo es una empresa declarada inactiva, por lo que no tendrían explicación semejantes movimientos de dinero.

El viernes último, apenas recibió el expediente de la Cámara Comercial, la jueza Cirulli firmó una resolución –a la que accedió Página/12— en la que dice que no hay nada nuevo en lo planteado por Boquín ni las camaristas (María Lilia Gómez de Díaz Cordero y Matilde Ballerini) y que no ve la necesidad de impulsar nuevas medidas. La postura coincide con los planteos del Correo, que incluso a fines de abril se volvió a negar a que sean revisados los libros contables de SOCMA y SIDECO, y presentó un recurso para pedirle a la Corte Suprema que impida esa pesquisa. Lo cierto es que a dos años de la primera denuncia de Boquín sobre vaciamiento, en primera instancia no se tomó ni una sola medida de prueba.

En una decisión de la Cámara del 25 de abril la Cámara dejó en claro que había gran cantidad de hechos nuevos por investigar. Eso fue después de la última denuncia de Boquín que mostraba pagos injustificados por ejemplo a los estudios del actual diputado de Cambiemos Pablo Tonelli (con pagos de casi 4,5 millones de pesos), el de Pablo Clusellas, secretario legal y técnico de la presidencia (que tuvo pagos por 150.000 pesos), el de Jaime Kleidermacher, abogado histórico de los Macri, que recibió 9,6 millones de pesos, y el de Jaime Cibils Robirosa, actual titular de Correo, que cobró honorarios anticipados por 722.000 pesos. Actuaban asesorando en el concurso de acreedores del Correo, con pagos por sobre los límites establecidos por la ley de concursos y quiebras. Hay que tener en cuenta que son operaciones de los años 2004 a 2007, por lo cual las cifras tenían mucho más valor que hoy.

Otra de las situaciones que denunció Boquín muestran que miembros del os estudios a su vez eran apoderados de acreedores del Correo, en nombre de los cuales votaban y así como se logró aval al acuerdo que se hizo en 2016, que quedó abortado, después que la fiscalía mostró que licuaba prácticamente la totalidad de la deuda. Lo habían firmado representantes del Gobierno de Macri y del Correo. Del estudio Kleidermacher, por caso, Sebastián Lebenglik figura como apoderado de 19 acreedores. Lo mismo pasaba con otros dos miembros del estudio, en cuyo domicilio a la vez se constituyeron sociedad que recibieron pagos de Correo (Supergol SA y Be Good SA). Junto con otras empresas, también vinculadas a la misma trama de nombres, recibieron cera e 7 millones de pesos de Correo. El estudio de Tonelli, a la vez, tenía entre sus miembros a directores de Correo: Pablo Sarín, que sigue en funciones, y Margarita Conti. Otra parte del equipo representaba a 55 acreedores.

En su momento Boquín también pidió investigar el papel del actual secretario de Modernización, Andrés Ibarra, que fue director de Correo y ahora toma decisiones sobre el tema. También le apuntó al procurador Bernardo Saravia Frías.

Las denuncias previas hablaba de retiros de fondos de las cuentas del concurso del Correo, con anuencia de la jueza Cirulli, por 10 millones de pesos justo antes de que se firmara el acuerdo por la deuda, durante el gobierno de Mauricio Macri. Luego se detectó la compra de acciones de la empresa Neficor para un negocio automotriz, que no le dio rédito alguno al Correo.

La jueza Cirulli es una de las denunciadas en Comodoro Py, por maniobras dilatorias en favor de la empresa, durante años. Su negativa a profundizar la investigación sobre vaciamiento es llamativa y beneficia al Correo, pero es una situación atípica, ya que existe una disposición de la Cámara que estaría pasando por alto.