El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la declaración del ministro de Defensa en la causa que investiga la condonación de la millonaria deuda que la empresa de la familia Macri tiene con el Estado.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este jueves la citación a declaración indagatoria del ministro de Defensa, Oscar Aguad, y de otros tres imputados en la causa que investiga supuestas irregularidades en el trámite de una deuda del Correo Argentino, empresa propiedad de la familia Macri, con el Estado nacional. Ahora, será el turno del juez Ariel Lijo, quien deberá resolver si hace lugar o no al pedido de Pollicita.

Correo Argentino es una empresa de la familia Macri que en 2001 dejó de pagarle al Estado nacional el canon y en 2003 fue estatizada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Por la deuda, se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones de pesos.

En ese expediente, el Gobierno y la empresa llegaron en junio del 2016 a un acuerdo de pago. Pero la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, lo objetó por «abusivo y perjudicial» para el Estado y pidió que sea rechazado. Sostuvo que implicaba una quita del 98,2% de la deuda porque no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.

El caso generó críticas políticas. Tanto la oposición como algunos dirigentes del oficialismo objetaron que desde el mismo Estado que encabeza Macri se hizo un acuerdo con una empresa familiar.

El año pasado, el Estado condonó cerca del 99 por ciento de la deuda que tenía la empresa vinculada a la familia Macri. Pero el 17 de junio la Oficina Anticorrupción resolvió que no hubo faltas a la ley de Ética Pública.

Los diputados del Frente Renovador Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau denunciaron a la titular de la OA, Laura Alonso, por eximir hace cinco meses al mandatario de las investigaciones. El año pasado, el Estado condonó cerca del 99 por ciento de la deuda que tenía la empresa vinculada a la familia Macri. Pero el 17 de junio la OA resolvió que no hubo faltas a la ley de Ética Pública.

Por ese hecho, Alonso quedó imputada acusada de desvincular al presidente Mauricio Macri de la causa de Correo Argentino, violando los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.