La fiscal Baigún sospecha que se provocó un perjuicio al Estado por aproximadamente u$100 millones con la venta del predio ferial de Palermo.
La fiscal de juicio Gabriela Baigún pidió este miércoles la pena de cuatro años de prisión para el ex presidente Carlos Menem, y de tres años y nueve meses para el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, por la venta a precio «vil» del predio de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA) a principios de los ´90.
Así lo solicitó en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 y en ese marco también reclamó condenas para otros dos ex funcionarios del Ministerio de Economía, además de la pena de dos años y diez meses para Ricardo Agustín de Zavalía, ex presidente de la Sociedad Rural.
Menem fue recientemente sobreseído por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, y condenado a otros cuatro años y medio de prisión por el pago de sobresueldos durante su gestión.
El caso fue enviado a juicio por el juez federal Sergio Torres, y ahora el TOF 2 estudia los hechos que tuvieron lugar en 1991, cuando por decisión del ex presidente y el entonces ministro de Economía se vendió un bien de dominio público sin una ley del Congreso y a un precio considerado «vil» por la Justicia.
Puntualmente, la sospecha es que se provocó un perjuicio al Estado Nacional por aproximadamente 100 millones de dólares con la venta del predio ferial de Palermo, pues la operación se habría cerrado en un 25 por ciento menos de su valor: se fijó en 30 millones de dólares cuando dicho inmueble valía como mínimo 131.800.000 pesos, según evaluó la Fiscalía.
Sin embargo, la SRA rechazó el alegato de la Fiscalía y la querella al calificar los argumentos como «sesgados» y «parciales» y reafirmó «sus derechos sobre el Predio Ferial de Palermo en la convicción y certeza de haber actuado siempre conforme a derecho».
A través de un comunicado, la entidad que preside Daniel Pelegrina respaldó «en todo» las actuaciones de Zavalía y del ex secretario Juan Alberto Ravagnan durante la operación que se concretó a través de un decreto presidencial firmado el 20 de diciembre de 1991.
«No sólo no aportaron nada novedoso a la causa sino que exhibieron una construcción retorcida por ausencia absoluta de elementos para desacreditar lo que efectivamente quedó probado en el debate», señaló la SRA.
En este sentido, remarcó que el predio «nunca formó parte del Parque Tres de Febrero» y que «era un bien de dominio privado del Estado y, por lo tanto, el Estado podía venderlo y hacerlo del modo en que lo hizo».
También afirmó que «el precio de la operación es el correcto en función de las restricciones para su uso y los cargos de todo tipo que recaerían sobre el comprador» así como «los valores de mercado vigentes que surgieron de tasaciones idóneas e independientes».
Además de criticar el planteo realizado por la Agencia de Administración de los Bienes del Estado (AABE), en particular, el pedido de restitución del Predio Ferial de Palermo, la SRA afirmó que sus abogados «expondrán ante el Tribunal todos los desvíos en los que se incurrió, así como la verdad de lo ocurrido y la licitud de todo lo acontecido».
«Resulta inaudito que esta compraventa ajustada a Derecho que tuvo lugar hace 27 años haya provocado una persecución inédita contra los directivos de la SRA, con clara aniquilación de la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable», señaló el comunicado, al tiempo que remarcó que «no existió delito alguno».
FUENTE: Noticias Argentinas
