La titular de la Oficina Anticorrupción quedó bajo sospecha por dictaminar que el Presidente no violó la ley de Ética Pública.

La fiscal Paloma Ochoa imputó a Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, por un dictamen que desligó de responsabilidades éticas, entre otros, al presidente Mauricio Macri por el acuerdo por la deuda con el Correo Argentino.

En 2016 la fiscal General en lo Comercial, Graciela Boquín, se opuso al acuerdo que firmó la administración Cambiemos con el Grupo Macri al indicar que representaba una condonación del 98% del monto adeudado y un perjuicio contra las arcas del Estado por setenta mil millones de pesos.

Boquín también señaló en uno de sus dictámenes «que habiendo relación de dependencia jerárquica entre el Presidente, el jefe de Gabinete y los ministros, la existencia de conflicto de interés surge palmaria”.

Sin embargo la OA resolvió, a través de la resolución 2018-24 , que no existió una violación sobre la ley de Ética Pública en la aceptación, por parte del Estado, de la propuesta de la empresa vinculada con la familia del Presidente de la Nación.

La dependencia que conduce Alonso indicó que Macri no tenía acciones en Socma Americana, empresa a cargo del Correo, cuando se hizo el acuerdo. También remarcó que, según la causa comercial, no surge que haya tenido intervención y que en 2009 el jefe de Estado transfirió las acciones de Socma a sus tres hijos.

Los diputados Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau denunciaron a Alonso el 17 de octubre pasado. Los legisladores del Frente Renovador consideraron «que el Sr. Presidente no contaba con la facultad de tomar decisiones sobre la empresa que tuvo durante tantos años y continúa teniendo a su cargo, es decir que, hubo faltas a la ley de ética pública en cuanto a la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el holding de la familia del presidente, que buscaba saldar su deuda con el estado de su concurso preventivo».