Legisladores aducen que el gobierno provincial “no puede mirar para otro lado” porque las empresas “tienen que cerrar”.

Los dirigentes políticos que este lunes encabezan una denuncia judicial para exigir respuestas al gobierno de la provincia de Córdoba, son los mismos que aducen que “le dijimos que en el mundo entero Odebrecht estaba inhabilitada para operar”.

La respuesta oficial, en aquel momento, fue que la firma constructora de origen brasileña “cumple” en nuestro territorio. Con el tiempo, se confirmó su partida, dejando cuatrocientos millones de pesos en deudas con proveedores.

Ahora, junto a Aurelio García Elorrio y Juan Pablo Quinteros, la legisladora Liliana Montero lleva adelante una presentación pidiendo la intervención del Gobierno, ante la millonaria deuda que dejó con “pequeñísimos empresarios de la provincia”, a los que “los clavan con diez o veinte millones de pesos” y “tienen que cerrar”.

En diálogo con el programa Cara y Cruz, de radio Universidad, graficó que “la Provincia no puede mirar para otro lado” diciendo que “es un problema entre privados”.

Luego agregó: “Esta es una obra pública de la provincia y parte de este Gobierno se ofreció como garantía de pago. Es un privado que ustedes trajeron, pese a nuestras advertencias. Agotamos las instancias políticas, por eso vamos a la Justicia, porque hace falta información clara y contundente, que aún no obtuvimos”.