El nombramiento de jueces es una de las claves para incidir en el funcionamiento del Poder Judicial y la clave es lograr manipular los concursos para elegirlos. El Destape accedió a los expedientes de un buen número de concursos para jueces y detectó una serie de irregularidades para el armado de los jurados, que son quienes definen -con una alta discrecionalidad- las ternas para que el presidente Mauricio Macri impulse los nombres de quienes le responden.

Las maniobras incluyen armado de expedientes a medida, aceptaciones de cargos sin firma y una serie de irregularidades que se repiten en las torres de papeles que se acumulan en el Consejo de la Magistratura, el órgano que tiene entre sus funciones el proceso de selección de jueces.

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El Destape encontró estas triquiñuelas, entre otros, en un concurso que todo el mundillo judicial mira hoy con deseo. Se trata de una de las vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Py, la que dejó el juez Horacio Cattani. Es un cargo clave, ya que por ahí pasarán todas las causas que interesan a Macri, tanto las que forman parte de la persecución de ex funcionarios kirchneristas como aquellas que puedan involucrarlo a él y sus laderos.

Paso a paso

Los pasos para designar un jurado que luego evalúa a los postulantes a jueces son los siguientes. En teoría (siempre en teoría, ya que las prácticas suelen alejarse) y según la resolución 7/2014, empieza así: “El Plenario -a propuesta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial elaborará periódicamente listas de jurados para actuar en los procesos de selección que se sustancien”

El segundo paso ya es más opaco. Cuando empieza un concurso, se tiene que conformar un jurado con varias categorías. En general, jueces que a su vez sean docentes, docentes con competencia específica en el concurso (por ejemplo, penal o electoral) y otros de competencia general.

El primer listado de jurados lo hace un software que toma las listas que existen y designa jurados titulares y suplentes. De nuevo, esto en teoría, ya que no hay información sobre cómo funciona ese software y pesan sobre él las mismas sospechas que el que se utiliza para sortear las causas judiciales: que puede ser manipulado. El sorteo informatizado se estableció en 2016, con la resolución 111. En sus fundamentos, dice que se necesitaba un sistema de sorteo para “garantizar la seguridad, control y transparencia de dicho acto” dado “el gran numero de jurados involucrados en los sorteos para cada vacante” y que por eso se encargó a la Dirección de Tecnología del Consejo un sistema electrónico para el cuál, supuestamente, se le pidieron sugerencias a todos los consejeros. Lo cierto es que, por ejemplo, El Destape pudo acceder a uno de los listados de jurados, en la categoria docente magistrado, y tiene 8 nombres, no “un gran número”. No constan, tampoco, los aportes de los consejeros, simplemente se pasó del sistema de sorteo manual al informático, con los riesgos que esto conlleva.

La maniobra sigue de la siguiente manera. “Quienes resultaren sorteados para integrar un Jurado serán inmediatamente notificados, y deberán aceptar sus cargos —a más tardar— a los tres (3) días hábiles judiciales, presumiéndose —en caso contrario— que no aceptan desempeñarse como tales en ese concurso”, establece el Reglamento de Concursos. En este punto es donde aparecen muchas de las trampitas.

El jurado para elegir al camarista federal clave de Comodoro Py terminó conformado de la siguiente forma. Por los jueces que además tienen cargo de profesor universitario el cordobés Alejandro Máximo Próspero Sánchez Freytes (titular) y Juan Carlos Geminiani (suplente), miembro de la Cámara de Casación Federal. Por los docentes de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales quedaron Mario Alberto Villar (titular, recientemente ascendido a fiscal ante la Cámara de Casación y con vínculos con el operador PRO Daniel Angelici) y Eduardo Luis Aguirre (suplente). Y por los docentes de universidades nacionales con competencia general Mariano Alberto Tadeo Candioti y José María Peralta como titulares y Alberto Ricardo Dalla Vía (juez de la Cámara Nacional Electoral) y Arturo Pfister Puch como suplentes.

De los 8, solo un titular y un suplente cumplieron las normas para su designación. Son los casos de Villar y Dalla Vía. El resto, todos tienen alguna irregularidad. El juez Sánchez Freytes firmó la aceptación pero fuera de plazo, por lo que ya debía ser dado de baja. El juez Geminiani aparece aceptando sin firma. El caso de Aguirre el papel acepta sin firma y con el plazo vencido. Tanto Candioti como Peralta y Pfiser Puch figuran aceptando sin firmar el documento.

La firma es clave, ya que es la que otorga validez jurídica a un documento. Ergo, una hoja escrita en computadora y sin firma no tiene validez. Aún así, los dieron por válidos y conformaron el jurado.

Hojas numeradas

Hay otro documento que dejó constancia de las irregularidades de este expediente. Se trata de una nota que dejó la oficina del diputado y consejero Rodolfo Tailhade el 24 de abril pasado, luego de revisar este y otros concursos. La nota quedó incluida en el expediente con el número de foja 23. Respecto a este concurso clave, detalló: “el expediente 52/2018 se encuentra foliado únicamente hasta la foja 4, conteniendo luego 18 hojas sin foliatura, y siendo la última una nota remitida por el Dr. Dalla Vía de fecha 23 de abril de 2018 aceptando el cargo de jurado suplente”. La foliatura es el ABC de cualquier expediente: hoja que se incorpora, hoja que se numera. Lo que descubrió la vocalía de Tailhade es que el expediente no estaba foliado (en criollo, numerado) y, por ende, podía armarse y desarmarse a piacere.

Cuando El Destape accedió al expediente ya estaba numerado, pero es incomprobable que las hojas que ahora lo conforman sean las originales. Como no estaban numeradas, pueden haber sido cambiadas. Tanto las aceptaciones con firma como las que no la tienen figuran en las hojas sin foliar que describió la nota del despacho de Tailhade, por lo que no hay certeza de su veracidad.

No es el único caso de expedientes sin foliatura. La misma nota dejó asentado que la situación se repite en el concurso para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, donde no había ninguna hoja numerada.

El Destape pudo comprobar que, en el caso del expediente clave para la Cámara Federal, estas irregularidades fueron maquilladas y todas las hojas figuran numeradas. La irregularidad es así más evidente, ya que consta que no lo estaban y ahora sí. Ergo, pudieron rearmar el expediente a su antojo.

Candidates

Hay 95 postulantes para el cargo de camarista federal en el concurso cuyas irregularidades hoy revela El Destape. Hay varios pican en punta. En especial, algunos que cuentan con el apoyo mediático tanto como con su currículum. Es el caso del juez Julián Ercolini, al que varios medios ya dieron por designado en el cargo. Ercolini no sólo protegió a Héctor Magnetto y compañía en la causa Papel Prensa, sino que integra la vanguardia en la cruzada de persecución judicial de ex funcionarios kirchneristas.

Ercolini no es el único juez federal que quiere un ascenso. También se anotaron en la carrera Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Ramos.

Otra candidata es Maria Eugenia Talerico, numero dos de la Unidad de Información Financiera, el organismo antilavado que Macri puso a funcionar en el esquema judicial de hostigamiento a ex funcionarios kirchneristas.

Hay muchos candidatos vinculados a la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, el sector más conservador de esa entidad conservadora. También el juez penal económico Pablo Yadarola, que tuvo a cargo el caso de las valijas de Antonini Wilson, y Javier López Boscayart, que intervino en el caso Skanska.

Otros candidatos, sin chances pero no por sus capacidades, son el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, los ex conjueces de Casación Claudio Vázquez y Roberto Boico y Victor Hortel, entre otros. También figura Leonel Gómez Barbella, que tuvo un breve paso por Comodoro Py en el cual pidió la indagatoria a Magnetto y compañía en la causa Papel Prensa, luego se fue a una fiscalía en Lomas de Zamora y el Gobierno terminó trasladándolo a Santa Rosa, La Pampa.

El personaje

Hay un nombre clave en torno a las manipulaciones de los concursos en el Consejo de la Magistratura. Es el de José Elorza, que comanda la Comisión de Selección de ese organismo. De origen radical, Elorza es el titiritero de todo lo que suceda en torno a los expedientes de los concursos. Las irregularidades no son nuevas, pero hubo un caso que sobresalió frente a otros. Fue en 2014, cuando se conoció un robo de las claves para identificar los exámenes de 39 postulantes para los tribunales orales federales de La Plata. Esas claves alfanuméricas permiten identificar la autoría de los exámenes que, de nuevo en teoría, son anónimos.

Elorza, que era el responsable de esos documentos y tenía la llave de la caja fuerte donde se guardaban, fue quien hizo la denuncia de que los habían sobado. La carátula del expediente dice “Hurto con ganzúa”, aunque nunca quedó claro de donde salió esa versión. Lo concreto: ese concurso no pudo avanzar.

Este personaje dejó el cargo pero volvió con la nueva gestión PRO del Consejo. Con él, volvieron también las irregularidades. Cuando El Destape fue a revisar los expedientes, que son públicos, Elorza quiso evitar que se fotografiaran.

– Los expedientes son públicos – insistió este periodista.

– Si, pero no se pueden sacar fotos.

– Pero son públicos. Los puede ver cualquiera

– Son públicos, pero no pueden andar circulando imágenes de los expedientes sin nuestro control -respondió Elorza, en una curiosa definición de lo público.

Reincidentes

“El Consejo aprobó 200 ternas para ocupar las vacantes de jueces”, tituló La Nación hace unas semanas. La noticia fue levantada por el portal del Consejo de la Magistratura y festejada por el estabilshment jurídico. Guillermo Lipera, presidente del colegio de abogados de grandes empresas y escribas jurídicos de las dictaduras, puso en su cuenta de Twitter: “Después de una década perdida, el Consejo de la Magistratura volvió a ser eficaz. Felicitaciones a los consejeros!”

Con estos números, Macri se convirtió, en promedio, en el presidente que más jueces nombró desde el retorno democrático. Sin embargo, hay varios indicios de que las irregularidades en los procesos de elección de jueces son reindicentes.

Esta situación tiene un antecedente en 2016, cuando un postulante denunció una serie de irregularidades en el concurso para un cargo en la Cámara Nacional Electoral. La más notoria, varios expedientes sin foliatura.

Este postulante asistió al Consejo de la Magistratura con la escribana Verónica Mariela Morán, que dejó constancia de las irregularidades que encontraron. “Siendo las 11:24hs procedemos a tener acceso al primer expediente 335, que consta de 72 hojas, foliadas solamente de la foja 1 a la 4, el resto sin foliar, salvo la última hoja que tiene el número 10”, se lee en el acta de la escribana Morán. Más adelante, la escribana detalló: “Procedo a verificar cantidad de hojas del expediente 376, consta de 68 hojas, solamente foliados de la 1 a la 12. Expediente 377, consta de 21 hojas sin foliar, agregada una carpeta verde de 30 hojas sin foliar. Expediente 338, consta de 110 hojas de las cuales sólo están foliadas de la 1 a la 12”, sigue el acta. En todos los casos, la misma mecánica que permite armar y desarmar los expedientes para elegir a los jueces.

En blanco

Hay otra vacante muy codiciada en Comodoro Py, y es el sillón que dejó Norberto Oyarbide en el Juzgado N 5. Ese concurso es el 375. El Destape accedió al expediente del concurso y encontró algo insólito. En la foja 22, dejaron una planilla de aceptación de jurado en blanco.

El jurado de ese concurso quedó integrado por Alejandro Osvaldo Tazza, Enrique Liljedahl, Marcos Mauricio Córdoba y Graciela Uberti.

No es la primera vez que el juez Tazza aparece involucrado en un concurso trucho. En 2010 una denuncia lo ubicó en un oscuro entramado de arreglo de concursos, puntualmente por la designación de Jose Luis Lopez Castiñeira como Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Tazza fue uno de los jurados. La denuncia relataba lo siguiente: “que el Sr. Castiñeira mantenía reuniones frecuentes con los Jueces Eduardo Farah, Alejandro Tazza, Luis María Márquez y con el funcionario Javier Fernández y se procuraba que

tanto López camaristas”. El periodista Horacio Verbitsky publicó que el juez Tazza tuvo un meteórico ascenso tanto jerárquico como de su patrimonio muy difícil de justificar.

La causa penal recayó en manos del juez Claudio Bonadío, titular de la Embajada, como se conoce en tribunales al Juzgado Federal N 11. El motivo: que allí no aplica el derecho argentino. Bonadío, que supo sortear decenas de denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, archivó la causa. El Consejo de la Magistratura, comandado por el eterno subrogante Luis Cabral, también desechó la denuncia. Hoy, Lopez Castiñeira preside la Sala II de ese fuero.

En el caso de Lilljedahl, hace pocos días Macri lo nombró camarista en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.