Los centros privados de San Francisco no recibirán desde hoy a nuevos pacientes del plan Incluir Salud, destinado a personas de bajos recursos. La causa, una deuda que mantiene el Estado nacional por más de 250 millones de pesos (48 millones en el caso de Córdoba), según denunció la Confederación de Asociaciones de Diálisis de Argentina.
Al igual que en todo el país, los centros privados de diálisis de San Francisco -son tres- no recibirán desde hoy lunes a nuevos pacientes del plan Incluir Salud. La causa, una deuda que mantiene el Estado nacional por más de 250 millones de pesos (48 millones en el caso de Córdoba), según denunció la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra).
Según datos aportados a LA VOZ DE SAN JUSTO existen 400 personas del programa en la provincia. Y desde este lunes, los nuevos pacientes deberán atenderse en el Hospital Córdoba de la capital provincial, donde aseguran que no hay más capacidad ante la demanda.
«Esta situación es extremadamente delicada», comentó Víctor Mateo, director del centro de hemodiálisis Ceper San Francisco.
En el Centro Privado de Asistencia Renal (Cepar), la situación es idéntica: «Somos médicos y no queríamos llegar a esta medida de fuerza, pero es una decisión tomada entre todos», aclaró su director, Gustavo Díaz Cornejo.
Tanto a un centro como al otro le deben el servicio de un año y si bien no dieron a conocer la cantidad de atendidos aseguran que son muchos. «Hace un año que no recibimos el aporte de Incluir Salud. No queremos que esto se torne peor porque se está velando por la salud de los pacientes y los médicos tenemos una responsabilidad con ellos. Tenemos un compromiso social con estas personas», explicó Mateo.
Para los profesionales, «la diálisis no es un tratamiento temporario que se puede hacer por una dolencia en particular, es un tratamiento permanente que implica mantener vivo al paciente».
Así las cosas, el panorama se torna oscuro para la salud de los que menos tienen. «El escenario es lamentable pero hay situaciones en la que como médicos tenemos una obligación moral y legal, porque tienen el derecho de ser atendidos y la obra social debe tener en cuenta al paciente. El punto está que nosotros tenemos que seguir atendiendo a los pacientes salvo que nos declaremos en quiebra. Esto se convierte en una carga económica pesada para el centro difícil de mantener», reflexionó Mateo.
Cabe recordar, que días atrás los directivos de Cadra enviaron cartas documento al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzabal, y al responsable del programa, Pablo Atchabahian, «para evitar consecuencias no deseadas».
Sin plata, no hay inversión
La faltante del aporte repercute, para los médicos, principalmente en la renovación de los equipos que se utilizan para la diálisis. «Necesitamos actualizar los equipos pero esto hace que solo se pueda mantener la aparatología actual, cumpliendo con la seguridad sanitaria que corresponden», comentó Mateo.
Para los profesionales, este problema no es de ahora sino que lleva unos siete años. «Históricamente cobramos atrasado pero no se puede sostener más con la crisis que hay en el país», denunció Díaz Cornejo.
Transporte e insumos
El servicio de hemodiálisis para los pacientes no solo implica la sesión sino también el transporte del paciente para su atención. Con la situación de Incluir Salud, aseguran que ellos están soportando los gastos. «Tenemos que abonar al chofer del vehículo que transporta al paciente, que va aumentando su precio por el valor del combustible y eso suma, dando toda la carga a los centros privados de diálisis», afirmó Mateo.
A los costos se suma el aumento del valor de los insumos que son importados y a precio dólar.
Díaz Cornejo aseguró que «en poco tiempo sufrimos un desfasaje económico de casi el 50% y hablamos de montos grandes porque compramos una gran cantidad de insumos».
En los centros, los impuestos como el gas, las luz y el agua también se fueron por las nubes. «Este mes pagué $20.000 de luz en el centro de San Francisco y $23.000 en el centro de Morteros. A los servicios hay que sumarle también alquileres y sueldos de enfermería», detalló el médico.
En la actualidad, una sesión de diálisis de cuatro horas promedio tiene un valor de $2400, monto que puede elevarse ante la suba de los insumos a casi $3.000. Este tratamiento se debe realizar obligatoriamente tres veces por semana. Un equipo de diálisis, en tanto, cuesta en el mercado desde los USD 18.000 hasta los USD 27.000.
«Hay una sobrevida de los pacientes», aseguró Héctor Gómez, director de Seprinef
Pacientes
A nivel nacional, Incluir Salud es la segunda prestadora con mayor cantidad de pacientes atendidos después de Pami.
«Es importantísimo a nivel nacional la cantidad de gente carenciada que necesita de este tipo de tratamientos», resaltó Mateo. Y las razones son variadas: «Han ingresado muchos pacientes en los últimos 10 o 12 años por las pensiones no contributivas, por eso aquellas personas que no tenían aportes jubilatorios o pensiones se les dio toda la posibilidad de recibir atención a nivel hospitalario, pero uno de ellos es la diálisis ya que no hay provincia que pueda a nivel público atender a gran cantidad de pacientes; por eso se derivan a los centros privados», comentó el nefrólogo.
Para Héctor Gómez, director del Servicio Privado Integral De Nefrología (Seprinef), que funciona en el Sanatorio Argentino, hubo un cambio en la calidad de vida de los pacientes: «Hay una sobrevida. Hoy es normal atender a personas mayores de 70 años», señaló.
Incluir Salud
La faltante de pago del programa federal Incluir Salud (ex Profe) superaría los 250 millones de pesos y dataría de hace más de un año. Para Córdoba, la deuda rondaría los 48 millones de pesos.
La situación fue expuesta por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), la cual nuclea a todas las asociaciones del país dentro de las cuales están los centros privados de diálisis.
Cadra informó que en la Argentina son 200 los centros de salud privados afectados por la falta de pagos.
Por otra parte, el Programa Federal Incluir Saluddepende de la Agencia Nacional de Discapacidad y permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y quienes no tengan obra social o cobertura de medicina prepaga.
Este programa transfiere fondos a las provincias para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad. En el caso de Córdoba, la decisión tomada desde el Ministerio de Salud es que se le pague la deuda.
