Después de acordar con el remisero Oscar Centeno su condición de imputado “arrepentido”, el fiscal Carlos Stornelli salió con él de tribunales en busca de la prueba más elemental: los ocho cuadernos originales donde se supone que anotó durante diez años, con alguna interrupción, la supuesta  trama de sobornos millonarios de la obra pública de los gobiernos kirchneristas, vista desde su papel de chofer de Roberto Baratta, ex número dos del Ministerio de Planificación. Junto con la Policía Federal, el fiscal allanó dos domicilios vinculados al chofer pero los cuadernos no aparecieron. El expediente solo cuenta con copias que entregó un periodista de La Nación. Con ese material, y aún es un enigma si existen pruebas concretas de pagos de coimas (como transferencias o depósitos a tal o cual cuenta), ya fueron detenidas 14 personas y aún quedan cuatro arrestos pendientes. El juzgado ayer los convocó en dos tandas a escuchar la lectura de la imputación: a los empresarios por un lado, a los ex funcionarios por otro. Los acusan de asociación ilícita desde 2008 a noviembre de 2015, con la finalidad de organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal y enriquecerse. Todos negaron los cargos, pero no quisieron declarar. El único que lo hizo fue Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa, que refutó, por ejemplo: “en la mochila o el bolso yo solo llevaba papeles de trabajo”; “ese hombre jamás  presenció una reunión”.  Mientras tanto el juez Claudio Bonadío envió al Senado una solicitud de autorización para allanar domicilios y el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, que está citada a indagatoria, e hizo saber que prepara un  pedido de desafuero (ver aparte). Todo indica que la causa apunta a lograr que se quiebre alguno de los empresarios, a quienes se les atribuye haber pagado 35 millones de dólares.