La presentación subraya que debería haber rechazado a la firma Vega Caputo como oferente por haber recibido condenas en Brasil.

El bloque Vamos del Concejo Deliberante de Córdobapresentó una denuncia penal contra el intendente Ramón Mestre, por la licitación asignada a la empresa VEGA-Caputo para la prestación del servicio de higiene urbana en la ciudad.

Dicha presentación señala que VEGA-Caputo debió haber sido rechazada como ofertante por haber recibido condenas y procesamientos penales en Brasil.

Uno de los integrantes de dicha firma, que mediante un decreto del 30 de mayo se adjudicó la concesión de la recolección de residuos para una de las tres zonas en que se dividió la ciudad, forma parte de un conglomerado de empresas que gira en torno a Nicolás Caputo, empresario estrechamente vinculado al presidente Mauricio Macri.

La empresa Vega es una corporación brasilera que, en ese país, está siendo investigada por delitos económicos y ambientales. En algunas de esas causas se ha llegado a condenas en un proceso de “improbidad administrativa”, por un fraude en el pesaje de la basura en la ciudad de Alegrete, en Río Grande do Sul.

Pero además, evoca la presentación penal, está acreditado que el propietario y representante de la firma Solvi Participacôes, Carlos Leal Villa, que a su vez es accionista de VEGA, también había recibido una condena.

Todos estos datos fueron omitidos al momento de la presentación de la propuesta en la licitación, lo que para el denunciante, representante del bloque que lidera Tomás Méndez, constituye un “falseamiento de datos”. Por tal razón, «se debería haber rechazado de inmediato la oferta, con pérdida de la garantía por parte del intendente, cosa que Mestre no hizo», señalan desde Vamos.

«De hecho, en la declaración jurada presentada por el consorcio encabezado por Vega Engenharia Ambiental SA, dice expresamente que “no tiene pleitos relacionados con contratos ejecutados en los últimos dos años”, afirmación cuya falsedad quedó probada en diversos procesos penales que se sustancian en el vecino país, por el accionar de las firmas Solvi Participacôes, Revita Engeharia y Vega Valorizacao de Residuos SA», añade el texto que ingresó al ámbito judicia..

Todas esas causas, omitidas por la firma al momento de presentarse a licitar en Córdoba, fueron iniciadas por denuncia del Ministerio Público de Río Grande do Sul, por «daños al medio ambiente y al patrimonio genético», siendo además procesados por delitos “referentes a la polución de recursos hídricos”, según lo denunciado por la Delegación Especializada en Medio Ambiente en cuatro diferentes procesos.

«Tal como debiera haber sucedido en Córdoba y que el intendente Mestre decidió pasar por alto, todas estas empresas tienen por vía cautelar prohibición de contratar con la administración pública” en Brasil, añadió Eduardo García, asesor del bloque Vamos y ex director de la empresa estatal Crese.

«El intendente tiene perfectamente claro que la administración municipal está imposibilitada de contratar con empresas que hayan sido condenadas y procesadas por cualquier clase de penas por delitos de falsedad, estafa o contra la propiedad. Que haya decidido pasar por alto esta cuestión hace incurrir a Mestre en una situación de abuso de autoridad», remarcó el ex funcionario.