Se tratan de informes aportados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y por Anses en el marco de la causa que investiga la campaña electoral oficialista en la provincia de Buenos Aires de 2017.
El fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello recibió este lunes un informe aportado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que permitiría confirmar que decenas de aportantes a la campaña electoral del PRO en la provincia de Buenos Aires del 2017 son beneficiarios de planes sociales.
Según anticipó el canal de noticias C5N, Di Lello ya tiene en su poder uno de los tres informes esclarecedores para la investigación sobre los 200 aportantes truchos, que hoy jaquea al PRO y al gobierno de María Eugenia Vidal. Los otros dos reportes fueron solicitados a la Anses y a la Gendarmería nacional.
Al igual que a la cartera de Carolina Stanley, al organismo previsional que dirige Emilio Basavilbasose le exigió que informe si los donantes reciben la AUH, pensiones, jubilaciones o algún tipo de subsidio estatal, y desde cuándo. A la fuerza de seguridad se le encomendó un monitoreo social sobre unas 50 personas involucrados con el financiamiento del partido oficialista, elegidas al azar, para conocer en qué condiciones viven.
En paralelo, la ONG La Alameda que lidera Gustavo Vera denunció a los senadores Esteban Bullrichy Gladys González y los diputados Graciela Ocaña y Héctor Flores, quienes encabezaban las listas del oficialismo en la provincia. Ese expediente recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Carlos Stornelli, quien todavía no se pronunció sobre la supuesta maniobra de lavado de dinero.
Según una investigación del programa «El Destape», el oficialismo habría hecho figurar como aportantes de la campaña a por lo menos 200 beneficiarios de los programas «Ellas Hacen» y «Argentina Trabaja», quienes al ser consultados por ese medio desmintieron haber contribuido a ese fin. Los aportes fueron de entre $ 300 y 3.000, una cifra muy alta para beneficiarios de planes mensuales de no más de $ 4.500, que se encuentran en muchos casos en situación de pobreza.
