El bloque de senadores FPV-PJ emitió un comunicado donde resalta que «involucrar a las FFAA en asuntos internos es ilegal». También se expresaron diputados y referentes de otros partidos.

Legisladores y referentes de la oposición criticaron fuertemente la decisión del Gobierno de Macri, de realizar cambios en las Fuerzas Armadas para custodiar «objetivos estratégicos» en el interior del país.

A través de un comunicado, el bloque de senadores del Frente Para la Victoria (FPV-PJ) afirmó que «desde 1983 es una política de Estado separar la defensa nacional de la seguridad interior. Involucrar a las FFAA en asuntos internos es ilegal».

«Casualmente, cuando recrudece la crisis social por el ajuste y el pacto con el FMI, Mauricio Macriapela a la demagogia punitiva y profundiza la degradación de la democracia y del Estado de Derecho», finaliza el escrito.

También se expresó el jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi. En su cuenta de Twitter, destacó que la medida «en países como México, Colombia, Brasil fracasó».

«EEUU mantiene la diferencia de roles y separación entre Defensa y Seguridad. Como en tantas otras cosas, Macri atrasa y busca distraer a la ciudadanía con cuestiones ineficaces e ilegales«, agregó Rossi.

El dirigente Héctor Recalde también se pronunció, afirmando que «la ley de Defensa Nacional impide la participación de las FFAA en la seguridad interior. Esta ley fue reglamentada por Néstor mediante el decreto 727/2006 que hoy Macri deroga mediante otro decreto absolutamente inconstitucional».

«Perseguirán los reclamos sociales y laborales, porque este ajuste sin represión no pasa. Todo esto es otra prueba del ADN de este gobierno neoliberal y represor«, destacó.

En tanto, la diputada Victoria Donda de Libres del Sur se expresó pidiendo que la medida «no vulnere la ley de seguridad interior ni el acuerdo democrático de que las fuerzas armadas no deben intervenir en esta materia». En ese sentido también habló Felipe Solá (UNA), recalcando que «el narcotráfico se combate en red con los adictos en recuperación, con sus familias, con las madres que denuncian dónde se vende drogas y con una policía especializada, profesional y bajo control civil».