Evidentemente, las diferencias en los montos de haberes de jubilados del orden provincial, en Córdoba, son amplias entre quienes más cobran y los que menos, con una mínima que se ubica cerca de los diez mil pesos.

La cuestión sirve a modo de referencia, después de que este lunes el Tribunal Superior de Justicia avalara la Ley 10.333, que la Legislatura Unicameral votó en diciembre de 2015 y que sindicatos de empleados públicos reclamaron por “inconstitucional” con insistencia.

En la actualidad, las estimaciones apuntan a que el Gobierno se ahorra unos cinco mil millones de pesos mensuales con la normativa que reemplaza a la 8.024. La diferencia entre las leyes es un once por ciento de aportes a Anses que descuenta la vigente sobre el salario bruto para determinar el cobro del 82% de un trabajador activo.

A modo promedio, cada pasivo cobra un total de cuatro mil pesos menos por mes, con montos superiores e inferiores, dependiendo el caso entre los 103.000 jubilados.

La cuestión parece haber quedado de lado para los representantes de los trabajadores tras un fallo que era “esperable”, de acuerdo a una jurisprudencia marcada en varios casos.