Así lo consideró el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diálogo con LA NUEVA MAÑANA.

Por: Daniel Salazar – Especial La Nueva Mañana – Redacción Buenos Aires

Desde poco después que asumió la presidencia Mauricio Macri distintas voces y en todos los sentidos han advertido sobre un final catastrófico de su gobierno, si insiste con la matriz económica que le imprimió a su gestión.
Repasemos algunos ejemplos. El economista ortodoxo y ex funcionario del actual gobierno Carlos Melconian criticó la política económica del Gobierno y alertó sobre el nivel de endeudamiento y el elevado déficit fiscal y dijo: “Ojo que se puede ir todo a la mierda”.

Por su lado, el senador José Mayans, por entonces vicejefe del bloque FpV-PJ en el Senado, en ocasión de la presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, le dijo que si el Gobierno “no cambia la visión que tienen de la implementación de la política, la cosa va a terminar peor que el gobierno de la Alianza”.

También el Papa Francisco viene criticando el sistema económico capitalista salvaje mundial y el desempleo que provocan esas políticas neoliberales, replicadas actualmente en nuestro país y que quizás sea lo que más aleja al Sumo Pontífice del Gobierno de Macri y lo que le provoca insólitamente el repudio y hasta el desdén de parte de sus propios compatriotas y particularmente de muchos fieles católicos.
De manera que las expresiones del ex ministro de la Corte Suprema argentina y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Raúl Eugenio Zaffaroni, sobre la inviabilidad del programa económico del Gobierno y su deseo personal de “que se vayan lo antes posible para que hagan menos daño” porque a su juicio encamina al país a una “catástrofe” que le formuló a Radio Cut el mes pasado y que luego reiteró en distintos medios, entre ellos a LA NUEVA MAÑANA, no son inéditas pero fueron las que más despertaron la ira del Gobierno.

En esta entrevista con Raúl Zaffaroni, considerado una “celebridad” en la CIDH, nuestros lectores no solo encontrarán un nuevo enfoque y nuevas respuestas vinculadas a sus deseos del rápido fin de este gobierno, sino también una invalorable apreciación sobre los cambios doctrinarios que en materia jurídica y de seguridad impulsa la administración de Mauricio Macri.

¿Cómo describe, en datos, la situación económica del país que según su opinión nos arrastraría a terminar como en las crisis de 1982 o la de 2001?
Tenemos una astronómica deuda en dólares, algo así como 150.000 millones de dólares, cercana a la que nos llevó al 2001, la deuda total supera los 300.000 millones y compromete casi el 60% del PBI, que fue el límite del 2001; la cuenta corriente con un rojo enorme, cerca de 10.000 millones, que debe cubrirse en dólares. Reducir este rojo sólo es posible ajustando más y más o pidiendo más crédito, que en esta situación será cada vez con mayores intereses y garantías; cada segundo que pasa aumentan mil dólares por intereses la deuda. La otra forma, la sana diría, es aumentar las exportaciones, pero tenemos balanza desfavorable porque importamos más de los que exportamos, y nuestras exportaciones son casi todas commodities, cuyo precio internacional no va bien y, además, requieren muy poca mano de obra, no mucho más del 5% del total del empleo, en tanto que las pymes, que son las que utilizan mano de obra, es decir, empleo, se perjudican con la importación. Desempleo y desfinanciación de planes sociales por un lado, aumento de la exclusión en una palabra, hace que esto, antes o después, sea socialmente insustentable. Por otro lado, tampoco el crédito externo puede seguir al infinito, lo que lo hace financieramente insustentable. Esta es la situación que nos va llevando a un desastre que nadie en su sano juicio puede querer.

En una reciente entrevista de Jorge Fontevechia, en Perfil, al importante economista Jeffrey Sachs al ser consultado sobre la política económica de Donald Trump dijo “…nos arrastra a una situación peligrosa. Espero que se vaya pronto porque no está preparado para ser presidente de los Estados Unidos”. Nadie salió a decir que fue una expresión destituyente, ¿por qué considera que en nuestro país su misma opinión sobre la marcha negativa de la economía que “nos está llevando a una catástrofe social” es considerada antidemocrática?
Saben que es insostenible semejante ridiculez, pero es otro fuego artificial para distraer. Les aviso para que saquen el pie del acelerador y con la más completa irresponsabilidad, por no decir inconsciencia, quieren matar al mensajero. La mala nueva no se evita eliminando al mensajero, con eso sólo se evita enterarse de su existencia. Por mi parte tengo la conciencia tranquila, que es lo importante: aviso para prevenir cualquier tipo de violencia, evitemos la violencia, insisto, todo lo demás lo podemos arreglar, por difícil que sea, pero si hay muertos, no los podemos resucitar. Este es el problema, pero en vez de hacerse cargo y desacelerar en lo posible, quieren matar al mensajero. Claro que quiero que se vayan lo antes posible, pero lo antes posible será el 2019, que por suerte está próximo y quiera Dios que no haya una catástrofe antes. Pero igualmente pregunto: si alguien pidiese que se vayan antes por un juicio político ¿acaso eso sería una tentativa apología del delito o una manifestación de golpismo? Sería un pedido hoy políticamente inviable, pero nada más. No hay hoy ninguna posibilidad de desestabilización de esta administración, salvo la de su propia política económica, que es sobre lo que los estoy alertando. Podría ser más hipócrita, callarme y dejar que los hechos se produzcan, pero no me lo permite mi conciencia y por eso lo advierto.

¿Qué papel les reserva a los votantes de este Gobierno que siguen permitiendo con su voto que aplique las medidas económicas que describe y que preocupan a muchos argentinos?
El Gobierno, además de expulsar periodistas o acallarlos, tiene una cobertura mediática de creación de realidad realmente formidable, aunque no convence al 100%, porque hay un buen porcentaje que no cree en la realidad que inventa el monopolio mediático. Eso puede desconcertar a un 10% de la población, lo que basta para volcar una elección, pero nada más. Por cierto, hubo muchas personas que creyeron en las promesas de los globos amarillos, en que se corregirían errores y se conservaría lo bueno, creyeron en una sana alternancia política, que es buena, por cierto. Pero esto no es una alternancia, no puede haber alternancia entre avance y retroceso, entre incorporación y exclusión, entre soberanía y colonialismo. Esto es decididamente un cambio de sistema, para responder a la pulsión mundial del totalitarismo financiero. Alternancia podía haber con Alfonsín, pero no puede haber con este gobierno. La alternancia se da entre dos que tiran para el mismo lado, pudiendo uno querer hacerlo más rápido o tomar un atajo y otro no estar de acuerdo, pero no entre quienes tiran para extremos diferentes, no puede haber ninguna alternancia entre desarrollo y subdesarrollo.

Con minorías en el Congreso y en la cantidad de provincias administradas por el Gobierno , ¿qué responsabilidad les cabe en este proceso a la mayoría de los diputados y senadores de la oposición y a los gobernadores que han apoyado y avalado estas medidas económicas, so pretexto de la gobernabilidad?
Debemos ser cuidadosos en el reparto de etiquetas y no distribuir gratuitamente la de traidores o semejantes. Hay quienes tienen responsabilidad de gobierno como gobernadores o intendentes. No es posible ignorar que nuestra defectuosa institucionalidad permite que el Ejecutivo los extorsione, amenazándolos con no mandarles el dinero para pagar su administración o con cortarle la obra pública que es demanda de empleo. Eso permite que el Ejecutivo manipule al Legislativo, que es otra forma de lesionar no ya al Estado de derecho, sino al mismo sistema republicano. Ya no hay separación de poderes en la Argentina, porque se extorsiona al Congreso y el Senado da acuerdo a los jueces. Esto lo debemos resolver cuando podamos, porque nuestra institucionalidad es demasiado defectuosa y precisamente esos defectos son los que permiten que se cometan estas extorsiones que demuelen el sistema de pesos y contrapesos de la República. Debemos pensar en un nuevo Estado, en una institucionalidad futura acorde a los momentos difíciles por los que pasa el mundo. Es tarea urgente de la política repensar las instituciones, el modelo de Estado.

¿Cree que el Gobierno del presidente Macri actúa en coordinación con otros poderes para ir imponiendo doctrina? ¿Los casos de Milagro Sala con el gobierno de Jujuy y con parte del Poder Judicial para perfeccionar las prisiones preventivas de ex funcionarios?
Sin duda que hay jueces que están tomando decisiones al margen de los principios constitucionales y de la propia ley procesal. El caso de Milagro Sala es particularmente llamativo, porque ya no es sólo la Corte Interamericana que dispuso su arresto domiciliario, sino la Corte Suprema argentina dijo que era obligatorio cumplir esa medida. No obstante, Milagro sigue detenida en una cárcel individual que no es ni fue nunca su domicilio y, lo más insólito, es que la Corte Suprema nuestra no reacciona mientras se incumple su decisión.

¿Por qué son jurídicamente criticables las prisiones preventivas a las que hacemos referencia? De hablar de que no se respeta el Estado de Derecho, ¿qué es lo que se violenta?
Sería largo analizar todas las prisiones preventivas, pero creo que un gobierno que tiene preso o quiere tener preso o al menos procesados a los principales candidatos de la oposición no parecería en ningún país del mundo ser muy democrático. Pero al margen, y centrándome en el caso concreto de la disparatada traición a la Nación, cuando dejaron de lado esa calificación que en sí es un delito de prevaricato judicial, quedó un procesamiento por supuesto encubrimiento calificado que tiene pena máxima de seis años, o sea, la misma de la estafa simple, es decir, que es perfectamente excarcelable. El pretexto por el que se niega la excarcelación es la insólita tesis de que un ex funcionario conserva vínculos con los que puede interferir la investigación judicial del hecho. Pero la investigación está terminada, cerrada, se cierra con el fin de la instrucción, cuando se eleva la causa para juicio, que es precisamente lo que se ha hecho. Es bastante claro que nadie puede interferir en lo que ya se hizo, pero se alega que queda pendiente, según dicen, es la lectura de unos 100.000 mails que, como es de suponer, ya deben estar en poder de los jueces, al menos su copia. ¿Cómo puede alguien impedir que un juez lea lo que tiene en sus manos? Además, esta tesis presuncional contra ex funcionarios es un tremendo boomerang para los propios funcionarios actuales y para cualquier que en el presente o en el futuro quiera asumir una función pública.

¿Qué opinión tiene del cambio de doctrina de seguridad que pretende imponer Patricia Bullrich cuando deja sentado en el caso del policía Luis Chocobar “que las fuerzas policiales no son culpables en un enfrentamiento” pretendiendo enfocar el hecho como una acción de cumplimiento de deber de funcionario público? ¿Cree que hay un incremento otra vez de la mano dura?
Ante todo creo que todo esto es parte de una cortina de humo con la que se nos quiere hacer discutir cualquier cosa, con tal de distraernos de la economía y de su inevitable encrucijada. Ya se les están acabando los conejos y las palomas que puedan sacar de la galera, y ahora empiezan a sacar murciélagos, como Durán Barba con la pena de muerte. No abro juicio sobre el caso en concreto, que está en manos de la Justicia y allí es el lugar natural para decidir. En cuanto al aspecto jurídico de este despropósito de la ministra, siempre el policía, como funcionario que es, debe actuar en cumplimiento de un deber, sólo que ese deber policial tiene los mismos límites de la legítima defensa propia o de tercero. Lo que para cualquiera de nosotros sería un permiso cuando nos defendemos o defendemos a otro, para el policía es un deber, pero si excede ese límite está violando su deber. La única presunción de legítima defensa es la de nocturnidad contra el escalador de muros o cercos y la del extraño en la casa que ofrezca resistencia, que es la histórica o tradicional que siempre estuvo en el inc. 6º del art. 34 del código. ¿Pero, pregunto por qué una presunción de legitimidad sólo para la policía? ¿Acaso no sería igual presumir que no hay delito en todo lo que haga cualquier otro funcionario? ¿No han pensado en darle el beneficio de la duda a cualquier funcionario? ¿Se imagina que alguien proponga este disparate? Equivaldría a la impunidad de cualquier delito cometido por funcionario, ¿no?

¿En qué marco encuadra la represión de la protesta social y la generalidad en estigmatizar a los dirigentes gremiales?
Es la consecuencia natural de la política económica del corporativismo financiero: hay que deslegitimar y debilitar al sindicalismo para posibilitar la precarización, el desempleo y el deterioro salarial; para bajar así, según ellos, los costos de producción, que los atribuyen sólo a los salarios, contra la opinión de Adam Smith, claro, y, por otro lado, contener la creciente exclusión social. No es ninguna creación del macrismo, sino una fórmula mundial del mal llamado “neoliberalismo”.

¿Qué le sugiere toda esta sucesión de hechos y de cambios doctrinarios, si es que encuentra vinculación entre ellos, que se han producido en los dos años de mandato de la administración Macri?
Tienen perfecta coherencia con los mandatos del totalitarismo corporativo o financiero que cunde por el mundo, o sea, con las enseñanzas que se remontan a los antecedentes de Friedman y Hayek, ya fracasados en la región y en el mundo, pero cuyo discurso sigue dominando las academias y divulgándose mediáticamente por los monopolios comunicacionales que forman parte de su propia red transnacional.