Representantes gremiales adelantaron que la primera tanda será de 2500 bajas, en el marco del procedimiento preventivo de crisis aprobado por el Ministrerio de Trabajo para la Sociedad Anónima, cuyo único accionista es el Estado. La lamentable quita de derechos que el Gobierno impondrá a los trabajadores.

Gracias a la aprobación por parte de Triaca del plan propuesto por la Sociedad Anónima, que tiene como único accionista al Estado, la firma que formara parte del Grupo Macri podrá pagar sólo el 50 por ciento del monto de indemnizaciones que corresponden por ley.

De acuerdo al plan presentado por el directorio, el déficit de la empresa postal supera los dos mil millones de pesos y los números en rojo se incrementan. Según adelantó politicargentina.com, entre las maniobras que intentan perpetrar está el no abono de licencias gremiales, la suspensión del aporte solidario a los sindicatos y evitar el cumplimiento de la última cuota correspondiente al 5% de aumento negociado en las últimas paritarias.

Los titulares de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación (Aatrac), Juan Palacios; Federación de Obreros Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), Alberto Cejas; la Federación de Obreros y Empleados del Correo Oficial y Privados (Foecop), Ricardo Ferraro, y Horacio Zungri de la Federación de Empleados Jerárquicos y Profesionales del Correo (Fejeproc) decidieron reunirse para evaluar un plan de lucha de cara al nuevo escenario adverso.

Según trascendió, los gremialistas ponen la continuidad laboral por encima de las deudas de aportes aunque por ahora esperan a que la empresa estatal encabezada por Luis Freixa Pinto de el primer paso para evaluar medidas.

Cabe recordar que la empresa adquirió la deuda durante la década del ’90, cuando Carlos Menem privatizó el Correo y se lo adjudicaron los Macri: bajo la administración de la ahora familia presidencial, no pagaron el canon establecido con la excusa de que el Estado no les permitía aumentar las tarifas, acumularon 300 millones de dólares de deuda y despidieron a diez mil trabajadores. Para 2001 ya habían entrado en concurso preventivo, mientras hacían juicios al Estado.