La realizó el constitucionalista Eduardo Barcesat. Aduce “estropicio institucional” por emitir “disposiciones legislativas”.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 27/2018, que publicó el gobierno nacional aduciendo la necesidad de “desburocratizar” el Estado, sigue generando rechazos.

En este caso, ya cuenta con una denuncia penal en contra, por considerar la inconstitucionalidad del mismo, por “emitir disposiciones legislativas” expresamente prohibidas.

Según el abogado denunciante, Eduardo Barcesat, se había anticipado con tiempo una “reforma totalizadora del aparato de Estado del gobierno nacional”, por lo cual “estaban dadas todas las condiciones” para que haya un debate en el Congreso, lo que invalida la noción de “necesidad y urgencia”.

“Las razones por las que no lo hizo el Gobierno están confesas en los fundamentos del decreto: se trata de evitar un debate prolongado. Así, derogar y cambiar el contenido de leyes es un estropicio institucional” refirió el constitucionalista este viernes.

Durante la entrevista con el programa Cara y Cruz, de radio Universidad, confirmó el pedido de nulidad del DNU y denunció la existencia de un “común denominador” en el mismo: “Achicar el Estado y agrandar los negocios privados”.

Al final, también se preguntó: “¿Vamos a legislar en función de que es más cómodo hacerlo por DNU, que acudir al primero de los poderes que nos regula?”.