Sólo en el 5% de las fábricas torturaron adentro de la empresa y Ford fue una de esas. Con un siniestro discurso, y tal como lo indica la escritora Naomí Klein en su libro La Doctrina del Shock, por un lado entregaba los Ford Falcon al Gobierno y fogueaba los secuestros y torturas a obreros, y por otro daba dinero a organismos de Derechos Humanos internacionales.

Este martes comenzaron a ser juzgados en el Tribunal Oral Federal Criminal 1 de San Martín, el ex jefe del Cuerpo IV de Ejército, Santiago Omar Riveros, y los civiles Pedro Müller, de 85 años, quien se desempeñó como gerente de Manufactura de la firma, y Héctor Francisco Sibilla, de 90 años, que fue jefe de seguridad. Están acusados de torturar y secuestrar a 24 obreros que trabajan en la planta de General Pacheco, en Buenos Aires.

En una nota publicada por Tiempo Argentino, Carlos Propato, un exdelegado del área de manufactura que fue secuestrado en su lugar de trabajo, en la línea de pintura de la planta, contó que «el 24 de marzo de 1976 secuestraron a tres compañeros del comedor, tres pibes de 19, 20 y 21 años que eran los delegados. En la puerta les hicieron un simulacro de fusilamiento. Ahí empezó todo, pero la verdad es que el Ejército estaba adentro de la fábrica desde 1974».

Como él, otros cuatro trabajadores, delegados gremiales y activistas, fueron detenidos y torturados dentro de la empresa por grupos de tareas del Ejército Argentino durante la dictadura cívico-militar. En total fueron 24 los obreros secuestrados.

«Para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia es muy importante que se haga el juicio por la Ford porque será una de las primeras veces que se va a poder lograr enjuiciar a civiles. Porque aunque esté re gastada la palabra cívico-militar, es cierto: el golpe de Estado lo hicieron los civiles, que blanquearon millones y millones de pesos», dice Propato.

La causa estará a cargo de los jueces Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Diego Barroetaveña en San Martín, los fiscales Jorge Auat y María Ángeles Ramos, y los abogados querellantes Tomás Ojea Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta.

El contexto del debate no es auspicioso: será el primero en sentar en el banquillo a los dos gerentes luego de que la Sala III de la Cámara de Casación –con la firma del macrista Carlos Mahiques– anulara en octubre la única condena a un empresario: el salteño Marco Antonio Levín, dueño de La Veloz del Norte, sentenciado a 12 años por el secuestro y torturas a un delegado.

Detrás de esa decisión de la Cámara, el TOF5 de Capital absolvió en la causa ESMA III al exsecretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann. Pocos antes, el 24 de noviembre, con un fallo que las querellas consideraron escandaloso, el Tribunal de San Martín absolvió al militar de inteligencia Félix López Fader y condenó a 4 años y dejó libre al exgeneral Eduardo Alonso, acusados por homicidios, secuestros y robo de bebés.

La causa

La causa Ford tiene una larga historia de dilaciones. La investigación, que comenzó hace más de una década, se ralentizó cuando llegó a los Tribunales de San Martín. En 2013 la jueza Alicia Vence elevó el expediente a juicio y procesó a tres directivos por entregar al Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo datos personales, fotos y domicilios de los trabajadores, y haber permitido que se montara un centro clandestino en la fábrica.

El año pasado murió el gerente de Relaciones Institucionales Guillermo Galárraga. Tenía 93. El inicio del juicio estaba previsto para marzo de 2017, pero fue postergado para noviembre. Al final, comenzará al filo de la feria. De las víctimas sólo 12 llegaron al juicio.