Así lo indicó el senador Marcelo Fuentes, al referirse a la investigación que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla sobre la organización delictiva con fines extorsivos y políticos.

El  jefe del bloque de senadores del FPV-PJ e integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Marcelo Fuentes, fiel a su estilo tiró con munición gruesa a los poderes del Estado involucrados en la causa D’alessio en declaraciones a la La Nueva Mañana.

– ¿El Gobierno del presidente Macri está involucrado en l as actividades ilegales de la organización que se descubrió en el caso D’alessio? 
– Una agencia paralela de inteligencia de la magnitud de la que se está investigando, ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo puede funcionar sin que el Estado tenga conocimiento. Hoy en lo que coinciden todos, oficialistas y oposición, es en la existencia de una organización delictiva dedicada a operaciones de espionaje en la Argentina con fines de coacción, intimidación y extorsión contra políticos y empresarios. Por lo tanto, la Comisión de Inteligencia lo que tiene que desentrañar es si esa organización clandestina fue operada desde el propio Estado como un sector irregular o si directamente es autónoma.

– ¿Considera entonces que ese espionaje ilegal es estatal?
– Las respuestas que dieron en la Comisión de Inteligencia el director de la AFI (Gustavo Arribas) y la vicedirectora (Silvia Majdalani) de ninguna manera fueron satisfactorias, no queda claro que no sea cierto, o sea la hipótesis está en investigación. Lo que dijeron es que una vez que lo detectaron (al caso D’alessio) formularon la denuncia, pero esa estructura viene funcionando hace mucho tiempo en la Argentina. La AFI ya conocía de la existencia de D’alessio desde diciembre de 2017 cuando negaron que sea agente orgánico del Estado y recién lo denunciaron en febrero de este año cuando salió a la luz la investigación del juez (de Dolores Alejo) Ramos Padilla.

Con personajes que decían que representaban a servicios extranjeros es imposible que eso funcionara sin haber sido detectado. Entonces si fue detectado y no fue perseguido o denunciado en su momento, implica que evidentemente estaba al servicio de la estructura oficial. Yo estoy convencido, ninguna de las explicaciones que me dieron me saca esa duda.

– ¿Cómo se demostraría esa vinculación?
– Ese tema se va a resolver a medida que la causa judicial avance y vayan apareciendo los integrantes del Gobierno involucrados, como el ministro de Justicia, (Germán) Garavano, operando en el caso Fariña, pero fundamentalmente cuando aparezca el camino de la financiación. Semejante organización con la capacidad de viajes, de recursos, de la complejidad de la tecnología que manejaba, evidentemente implica una magnitud económica que la única explicación que hay es que son financiados por los gastos reservados de la Nación. Le recuerdo que la primera decisión que tomó el presidente Macri cuando asumió fue precisamente volver a transformar esos fondos, que el gobierno anterior había transformado en sujeto a verificación pública, en reservados y secretos.

– ¿Qué es lo preocupante de la operatoria de esta organización ilegal con vinculación estatal? ¿Qué va develando la investigación del juez de Dolores?
– Fundamentalmente, los interrogantes que se abren son el volumen y la magnitud de las operaciones y a quienes van involucrando. Pero mucho más grave es la metodología sistemática con la que operaban, donde sectores del poder judicial, periodistas y servicios de inteligencia trabajan en la persecución y extorsión de dirigentes políticos populares y empresarios.

Eso es lo que realmente hoy nos debe alarmar como ciudadanos, que esa estructura que se dedicaba a hacer negocios con la extorsión económica a los empresarios, que ya de por sí es gravísimo, sino que se dedique a perseguir en forma sistemática a políticos y dirigentes opositores falsificando causas, introduciendo documentaciones apócrifas, plantando pruebas, amenazando, jueces y fiscales participando de la operaciones, es lo que realmente debe preocuparnos a todos.

– ¿Qué rol jugó en esta estructura el fiscal Carlos Stornelli?
– Hoy, con los elementos que se han brindado de la investigación del juez (Alejo) Ramos Padilla, yo creo que el fiscal Stornelli tiene activa participación en este andamiaje ilegal.

– ¿Qué objeto tiene la comisión bicameral especial que proponen formar en torno a la investigación del caso de espionaje ilegal?
– Más allá de la investigación -que le dije es propia de la Comisión de Inteligencia de la que formo parte- creemos que esta comisión especial bicameral que presentamos es un instrumento absolutamente válido para coadyuvar a la Justicia específicamente en torno a las operaciones claramente ilegales que involucran a los tres poderes del Estado y que también tiene ramificación con periodistas.

Esta iniciativa surge a partir de las declaraciones con respecto al armado de causas del caso (Leonardo) Fariña –el Gobierno le armó la declaración de arrepentido y del magistrado (Luis) Carzoglio –dos altos jefes de la AFI lo entrevistaron a pedido del presidente Macri para que encarcelara a Pablo Moyano y le acercaron un escrito que debía ser el dictamen del magistrado- ante la sospecha de que ésta es una metodología sistemática que abarca a importantes sectores del poder judicial de la República Argentina. Esta es la función de esta comisión: determinar cuáles son los sectores del poder judicial que están comprometidos con estos hechos delictivos para dar lugar a la declaración de pasar a “en comisión” a esos sectores del poder judicial.

Los poderes involucrados

Poder Ejecutivo: el propio Macri pidió el juicio político al juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que investiga la estructura ilegal de espionaje. Además, aparecen vinculados con los hechos la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de estrechos vínculos con el falso abogado y espía Marcelo D’alessio, integrantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la Afip y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre ellos los ex comisarios de la bonaerense detenidos, Ricardo Bogoliuk (trabajó en la ex Side en 2017) y Aníbal Degastaldi y el arrepentido espía orgánico de la AFI, Rolando Barreiro.

También está vinculada la “mesa judicial” que actúa en el ámbito del Poder Ejecutivo asesorando al presidente de la Nación, por donde se está investigando, han pasado y se han filtrado todas estas iniciativas ilegales, incluso la remoción de jueces y fiscales que no adhirieron a esta metodología (Carlos Rozanski para dejar en libertad al delincuente Leonardo Fariña a cambio de involucrar a la ex presidenta -la desvincularon- en la causa armada de la “ruta del dinero K” por la que está siendo juzgado Lázaro Baez y el juez Luis Carzoglio antes mencionado en el caso de los Moyano). También, esta mesa disponía el respaldo a jueces y fiscales que si forman parte de esta asociación ilícita. Específicamente se conoce hasta ahora la actuación del ministro de justicia Germán Garavano, en el caso Fariña, que por su intermedio le armaron las declaraciones.

Poder Legislativo: están involucradas en el armado de causas falsas y como denunciantes seriales la diputadas nacionales de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y Paula Olivetto y la diputada del Parlasur, también de la CC, Mariana Zuvic.

Poder Judicial: el fiscal del caso de las fotocopias de los cuadernos, Stornelli está imputado por al menos siete hechos en el expediente que impulsa Ramos Padilla. Faltó cuatro veces a indagatoria y fue declarado en rebeldía por el juez. El suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone está procesado por sus vínculos con D’alessio en la causa de la efedrina con la que intentaron involucrar a Aníbal Fernández. Además, denunciaron al juez Claudio Bonadio, Stornelli, D’alessio y Daniel Santoro por truchar testimoniales en la causa del GNL con la que detuvieron a Julio De Vido.

Periodistas: el más comprometido es el periodista de Clarín Daniel Santoro. Pidieron que sea llamado a declaración indagatoria. Pero también fueron vinculados por D’alessio a las causas los periodistas Eduardo Feimann, Luis Majul, Rolando Graña y Rodrigo Alegre.