El próximo martes 26 de marzo marcará el inicio del juicio por la tragedia del vuelo 2553 de Austral, que en 1997 partió desde Posadas y se estrelló en Fray Bentos, Uruguay, provocando la muerte de 74 personas y transformándose en el mayor siniestro aéreo de la historia del país. El debate comenzará a partir de las 10 en el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y habrá audiencia los martes de cada semana, por lo que se prevé que el proceso se extienda durante largas semanas de intenso debate.
En el banquillo se sentarán un total de 26 personas, entre ex directores de la empresa -que en aquel momento dependía de la española Iberia- y ex miembros de la Fuerza Aérea Argentina. Todos están acusados, en distintos grados de responsabilidad de estrago doloso, de no haber cumplido con sus funciones para evitar la tragedia del 97. Las primeras audiencias del debate estarán centradas en una nueva pericia solicitada por la defensa de algunos acusados, la cual contradeciría las causas del siniestro que habían sido determinadas en su momento por la Junta de Investigaciones de Uruguay y técnicos argentinos intervinientes.
Esta nueva pericia plantearía un cambio en la base y en las causas del hecho, ya que pondría en debate la teoría del congelamiento. Muchos familiares evidenciaron sus “dudas” respecto a esta nueva pericia, debido al tiempo que trascurrió hasta que decidieron solicitarla y realizarla, y consideran que solamente es otra forma de “embarrar la cancha como lo vienen haciendo desde hace más de 20 años”.
Silvina Rumachella, hermana de Viviana azafata de aquel vuelo, que actúa como abogada querellante en la causa, en diálogo con Acá te lo Contamos por RadioActiva explicó su postura en la causa: “La única pericia que consideramos válida es el informe oficial de las autoridades uruguayas. La aeronave salió del aeropuerto de Posadas sin las indicaciones necesarias y disponibles sobre las condiciones meteorológicas existentes en la ruta de navegación, circunstancia que es responsabilidad de la empresa. Tampoco había una alarma que era de instalación obligatoria desde 1987”.
En el marco de instrucción el tribunal ordenó hacer una pericia 20 años después. Allí 9 de 10 peritos emitieron un dictamen que contradice el de Uruguay que dice que no hubo congelamiento. “Esto es una vergüenza. Dos décadas después realizaron pericias sin tener contacto con las pruebas. Buscan que la causa prescriba”.
La defensa pretende arrancar el debate con este informe.
“Esperamos que el tribunal se ponga a la altura de las circunstancias 22 años después. Tienen la oportunidad histórica de terminar con la impunidad donde una tragedia tapa la otra. Mi hermana notaba las malas condiciones de las naves de austral. Había un plan de desguace del estado en complicidad con el sector privado”, finalizó Rumachella.
