Centros de diálisis no atenderán a pacientes sin recursos: “La situación es extremadamente delicada”, aseguran los médicos

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Los centros privados de San Francisco no recibirán desde hoy a nuevos pacientes del plan Incluir Salud, destinado a personas de bajos recursos. La causa, una deuda que mantiene el Estado nacional por más de 250 millones de pesos (48 millones en el caso de Córdoba), según denunció la Confederación de Asociaciones de Diálisis de Argentina.

Al igual que en todo el país, los centros privados de diálisis de San Francisco -son tres- no recibirán desde hoy lunes a nuevos pacientes del plan Incluir Salud. La causa, una deuda que mantiene el Estado nacional por más de 250 millones de pesos (48 millones en el caso de Córdoba), según denunció la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra).

Según datos aportados a LA VOZ DE SAN JUSTO existen 400 personas del programa en la provincia. Y desde este lunes, los nuevos pacientes deberán atenderse en el Hospital Córdoba de la capital provincial, donde aseguran que no hay más capacidad ante la demanda.

“Esta situación es extremadamente delicada”, comentó Víctor Mateo, director del centro de hemodiálisis Ceper San Francisco.

En el Centro Privado de Asistencia Renal (Cepar), la situación es idéntica: “Somos médicos y no queríamos llegar a esta medida de fuerza, pero es una decisión tomada entre todos”, aclaró su director, Gustavo Díaz Cornejo.

Tanto a un centro como al otro le deben el servicio de un año y si bien no dieron a conocer la cantidad de atendidos aseguran que son muchos. “Hace un año que no recibimos el aporte de Incluir Salud. No queremos que esto se torne peor porque se está velando por la salud de los pacientes y los médicos tenemos una responsabilidad con ellos. Tenemos un compromiso social con estas personas”, explicó Mateo.

Para los profesionales, “la diálisis no es un tratamiento temporario que se puede hacer por una dolencia en particular, es un tratamiento permanente que implica mantener vivo al paciente”.

Así las cosas, el panorama se torna oscuro para la salud de los que menos tienen. “El escenario es lamentable pero hay situaciones en la que como médicos tenemos una obligación moral y legal, porque tienen el derecho de ser atendidos y la obra social debe tener en cuenta al paciente. El punto está que nosotros tenemos que seguir atendiendo a los pacientes salvo que nos declaremos en quiebra. Esto se convierte en una carga económica pesada para el centro difícil de mantener”, reflexionó Mateo.

Cabe recordar, que días atrás los directivos de Cadra enviaron cartas documento al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzabal, y al responsable del programa, Pablo Atchabahian, “para evitar consecuencias no deseadas”.