La neutralidad de la red está en peligro. Las consecuencias de la alianza entre el Gobierno y el multimedios es mucho mayor de la que imaginamos.
Que existe una alianza entre el gobierno de Cambiemos y el Grupo Clarín es algo que sabemos. Pero las consecuencias de esta alianza en el sistema de comunicación y de medios de nuestro país es mucho mayor de la que imaginamos.
En diciembre pasado la autoridad que regula las telecomunicaciones en Estados Unidos eliminó la reglamentación que obligaba a las empresas proveedoras de Internet a respetar la neutralidad de la red. Esta medida encendió las alarmas en nuestro país porque la política adoptada para el sector a partir de 2015 podría llevarnos por el mismo camino.
La neutralidad de la red está garantizada en nuestro país por la Ley Nº 27.078 Argentina Digital, vigente desde el año 2014. Dicha “neutralidad” es la prohibición a las empresas proveedoras de servicios de discriminar los contenidos que circulan por sus sistemas. Esto significa que una compañía no puede cobrar más por acceder a una determinada plataforma (como Netflix o YouTube), ni bloquear contenidos (salvo expresa solicitud del usuario o usuaria).
Una de las primeras medidas del gobierno de Macri ya comenzó a degradar el marco regulatorio y a preparar el camino para quitar derechos a usuarias y usuarios: el Decreto 267/2015. Famoso por haber disuelto la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), este decreto también disolvió la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), el organismo encargado de aplicar la Ley Argentina Digital. Ambos organismos fueron reemplazados por el ENACOM, un ente sobre el que el oficialismo ejerce un control absoluto. Esta medida, que recibió muchas críticas y rechazos, fue solo el primer paso de un plan más amplio que aún no se ha completado. Y el apuro en la puesta en vigencia del decreto, a sólo días de la asunción del nuevo gobierno, sólo se explica por la intención de favorecer al Grupo Clarín.
A partir de ese momento, el Gobierno allanó el camino para que el grupo de medios más poderoso del país logre una posición cada vez más dominante en uno de los mercados más concentrados. Desde mucho tiempo atrás, Clarín dominaba en gran parte del país el mercado de televisión por cable (adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual habría implicado reducir esta posición en favor de la competencia) y el de provisión de Internet por banda ancha fija. Sin embargo, nunca había podido ingresar en los mercados de la telefonía fija y móvil (que también incluye la internet móvil). Pero con la complicidad del actual Gobierno, el Grupo Clarín logró ingresar con fuerza en dichos mercados: primero, con la compra de Nextel; luego, con la compra de Telecom por parte Fintech (socio de Clarín en Cablevisión); y finalmente, con la fusión entre Cablevisión y Telecom. En este proceso, Clarín ya recibió “favores” el actual gobierno, como la venta a un precio irrisorio de las frecuencias para operar en 4G.
Esta fusión concentra estos mercados hasta niveles sin precedentes. Por ejemplo, la compañía resultante de la fusión controlará el 45% de los clientes de Internet domiciliaria (como resultado de sumar la clientela de Arnet a la de Cablevisión), aproximadamente el mismo porcentaje de las líneas de telefonía fija (a través de Telecom) y más de un tercio de las líneas de telefonía móvil. El nuevo pulpo corporativo podrá ofrecer cuadruple play, es decir televisión por cable, telefonía fija, internet fija y telefonía e internet móvil. Si a esto le sumamos que el grupo es proveedor de contenidos, el resultado es muy preocupante. Cablevisión Flow, el servicio de video on demand de Clarín, compite directamente con otros proveedores de contenidos como Netflix o CineAr Play. Sin la garantía legal de la neutralidad, la empresa proveedora de Internet podría cobrar adicionales, reducir la velocidad de acceso o incluso bloquear el acceso a estos servicios a fin de direccionar a usuarias y usuarios hacia su propia oferta. Recordemos que en los últimos tiempos se ha generalizado la práctica del zero rating, que va en contra de la neutralidad de la red y del artículo 57 de la Ley Argentina Digital. El zero rating consiste en no cobrar el consumo de datos utilizados para acceder a ciertos servicios (mientras que por los demás se sigue cobrando).
Desde su llegada en 2015, Cambiemos no ocultó su intención de sepultar las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, que serían reemplazadas por una ley de Comunicaciones Convergentes. Si bien la convergencia tecnológica en sí misma es positiva, en este caso se está utilizando para facilitar aún más la concentración tanto de medios de comunicación como de servicios de telecomunicaciones. El texto del anteproyecto que ha trascendido ratifica la neutralidad de la red, pero este texto aún no es oficial por lo que no hay garantías de que esto se vaya a mantener cuando se presente la versión final, sobre todo si tenemos en cuenta la inacción del Estado frente a las actuales violaciones a la neutralidad.
Más recientemente se presentó el proyecto de “ley corta” de telecomunicaciones, que entre otras medidas establece el uso compartido de infraestructura, lo que en la práctica significa que la Red Federal de Fibra Óptica de Arsat (planificada y construida en gran parte por el gobierno anterior) se pone al servicio de los grandes operadores privados, lo que implica una privatización de hecho.
La discusión política está abierta y la última palabra no ha sido dicha, pero el panorama es preocupante y el derecho a la comunicación de ciudadanos y ciudadanas se ve amenazado. Solo con la unidad, una gran participación de la ciudadanía, pero también informándonos por medios alternativos a los monopolios y con fuentes verificadas podremos revertir los retrocesos de los últimos años y recuperar el camino de la pluralidad de voces y el derecho pleno a la comunicación.
Por Delfina Rossi y Ariel Maidana
