Una denuncia revela un negocio que conecta las coimas del Lava Jato pagadas en la primera contratación de los grandes gasoductos cordobeses, que según la justicia brasilera trepan a más de 30 millones de dólares, con lazos que unen a empresarios ligados al macrismo y el delasotismo. Se trata de la compra del 40% de las acciones de Madero Urbana de Ángelo Calcaterra, por parte de los hermanos Álvarez, socios de los hermanos Karsten y de Horacio Miró, propietario de la constructora Britos Hnos, sindicado de ser el testaferro del ex gobernador José Manuel de la Sota. Coincidentemente Miró abandonó el escandaloso negocio de los gasoductos que tenía en sociedad con Calcaterra, por las sospechas de su vinculación con el entonces gobernador De la Sota, a la par que abría cuatro compañías fantasmas offshore. Pero estos intercambios empresariales no serían ninguna novedad en el marco de la corrupción delasotista, ya que de esa misma manera Miró habría pasado a  detentar la constructora Britos Hnos, en un canje con el grupo Eurnekian.

Por Lea Ross | @LeandroRoss

Una denuncia concretada por tres diputados cordobeses, reveló la existencia de una conexión directa entre los negocios de Ángelo Calcaterra Macri, el primo hermano del presidente Mauricio Macri, y los empresarios ligados al ex gobernador y máximo referente del pejotismo cordobés, José Manuel de la Sota. Incluso, en ese nudo donde se cruzan ambas rutas, habría circulado parte de las coimas que efectuaron las empresas constructoras involucradas en el Lava Jato de Brasil.

Se trata de la compra de las acciones de una de las empresas que integra el Grupo ODS, encabezado por Calcaterra, de nombre Madero Urbana SA, creada para una monumental inversión inmobiliaria en Puerto Madero. El 40% de las acciones de Madero Urbana fue comprada por los hermanos Álvarez, que manejan el cobro de rentas de la provincia de Córdoba mediante la empresa Kolektor, junto con los hermanos Karsten.

Los Karsten son a su vez socios de Horacio Miró, el ex alto funcionario de De la Sota, sindicado como el “Lázaro Báez de De la Sota”. Mote que se lo ganó por, tras su paso por la función pública, haber irrumpido de repente como contratista de la provincia de Córdoba, detentando la tradicional constructora Britos Hnos SA. Quedándose así con importantes contrataciones de la obra pública, sumado al hecho de detentar empresas fantasmas offshore en paraísos fiscales. Y de hecho fue Hermann Karsten el que le adjudico ese mote, en unas cámara oculta realizadas por el periodista Tomás Méndez, que se filtraron al público cordobés en diciembre de 2014.

Esta denuncia fue presentada ante la justicia por tres legisladores provinciales de Córdoba, de distintos colores políticos: Aurelio García Elorrio (Partido Encuentro Vecinal), Juan Pablo Quinteros (Cambiemos – Frente Cívico, ligado al macrismo) y Liliana Monteros (Córdoba – Podemos, ligado al kirchnerismo).

Cuando se realizó esa compra de acciones, Britos se había retirado de la faraónica obra de los gasoductos troncales, donde era socio con IECSA de los Macri Calcaterra, y la brasileña Andrade Gutiérrez, cuyos dueños fueron condenados en Brasil junto con Odebrecht. Y según documentación proveniente del vecino país, se transfirieron coimas cuyos destinos se desconocen. La denuncia apunta a que parte de esos billetes se canalizaron en la compra de la empresa porteña en manos de los empresarios que pusieron pie en Córdoba.

Gasoductos macabros: Negocios y muerte

En el año 2008 durante la primera gestión del gobernador Juan Schiaretti (2007-2011) se anunció el llamado a una licitación internacional para la construcción de tres sistemas de gasoductos troncales, distribuidos en la provincia: Sur, Centro y Ruta 2. Se presentaron tres ofertas: una unión transitoria de empresas (UTE) conformada por la brasilera Andrade Gutiérrez, la porteña IECSA de Ángelo Calcaterra Macri, y la local Britos Hnos SA, de Horacio Miró y Roberto Walter Poplawski. Una segunda UTE conformada por la competidora de Andrade, OAS Construcciones, y la cordobesa Electroingenieria. Y la tercera, Odebrecht. En el 2009 las obras fueron adjudicadas a la UTE Andrade Gutiérrez, IECSA, y Britos Hnos SA.

El hecho de que Horacio Miró haya sido titular de la ACIF -la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento-, encargada de administrar los fondos para la obra pública y que luego ese cargo lo ejerció María del Carmen Poplawski, la hermana de Roberto Walter, que antes se había desempeñado como secretaria General de la Gobernación de De la Sota, generó una serie de denuncias señalando que era un negociado de De la Sota, con la existencia de enormes sobreprecios.

Por ello finalmente Britos SA se despegó de la UTE en 2012, tras asumir De la Sota nuevamente la gobernación. Pero como la Nación a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, enemistada en ese entonces con De la Sota, no liberaba los permisos para garantizar el pago de las obras financiadas por el BNDES, el negocio se truncó.

El desenlace final sucedió en junio del 2013, cuando apareció muerto el ingeniero Marcelo Arias, señalado de ser un testaferro de Rubén Martín, empresario gasífero y alto funcionario cordobés relacionado con los gasoductos. Su cadáver apareció flotando en el río Suquía frente a la Casa de Gobierno habitada por De la Sota, en el mismo momento que la constructora Andrade Gutiérrez harta de esperar, anunció airadamente que levantaba sus oficinas en Córdoba y se iba del país.

La autopsia forense dictaminó que el ingeniero Arias había sido molido a golpes, de tal intensidad que incluso había deformado el anillo que tenía un dedo de sus manos. Pero luego de un cambio de fiscal en la justicia provincial, en forma simétrica inversa al caso Nisman, una nueva junta médica dictaminó que Arias se había suicidado tirándose desde un puente, impactando contra el duro cemento para luego rebotar y caer en el agua del río. Y así su cuerpo fue arrastrado hasta la casa de Gobierno, no obstante que el portafolio que portaba nunca apareció.

Y en una extrañísima coincidencia, ese mismo día fue asesinada en Temperley, Buenos Aires, la empleada doméstica de confianza de María del Carmen Poplawski, quien como se dijo era ex presidente de la ACIF (Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento) que debía velar por el financiamiento de esas grandes obras. La justicia de Lomas condenó a su conyugue como el homicida, quien no obstante hasta ahora sigue asegurando que él no fue, y no recuerda nada de lo que sucedió.

Y para extremar las coincidencias, ese mismo día fueron asaltados y despojados de sus pertenencias en su residencia en Mina Clavero, los integrantes de la familia Britos, ex dueños de Britos Hnos SA. Coincidencias que lógicamente, abrieron la presunción si esos notables hechos de violencia no estarían relacionados con el airado retiro de la brasileña Andrade Gutiérrez de Córdoba, tras el fracaso de las obras de los grandes gasoductos, pese el tiempo y dineros invertidos en ella.

Luego tardíamente en marzo de 2015, De la Sota anuló oficialmente dichos contratos por los gasoductos. Pocos meses antes, la justicia y los medios de Brasil habían destapado la existencia de un listado de las coimas pagadas por distintas constructoras brasileñas (Odebrecht, Andrade Gutiérrez, OAS, entre otras) en distintos puntos del país, conocido como la “lista de Youssef”. En esa lista, aparecen los gasoductos de Córdoba, con una coima de 60 millones de reales, unos 30 millones de dólares de ese entonces.

¿Qué dice la lista de Youssef?

En marzo de 2014, fue arrestado Alberto Youssef, uno de los principales operadores del Lava Jato, encargado del armado de las rutas de dinero de las coimas a nivel internacional. En noviembre de ese año, se hizo pública una grilla extraída de su servidor, donde se expone toda una serie de datos sobre la partida y destino de los fondos espurios en distintos países. Allí se establecen nombres de empresas, obras públicas, fechas, cantidad de dinero para “propinas” o coimas, nombres apócrifos de los contactos, y sus números de teléfonos, entre otros.

La obra de los gasoductos troncales en Córdoba aparece cuatro veces en la lista de Youssef. En una lleva bajo el nombre de “Gasoduto em Cordoba”, con fecha de la “propuesta enviada” del 8 de octubre de 2008, cuyo contacto es un “Jos Edilson Cruz” y su número de teléfono es el 11-2124-1354. El tal Edilson Cruz también sirvió de contacto para OAS en proyectos instalados en Uruguay, país donde los mencionados empresarios “delasotistas” también tienen firmas radicadas allí.

Otro casillero lleva de nombre “Conc. Internac. Gasoduto Cordoba – (Sistema Norte Leste)”, con fecha del 15 de diciembre de 2008 y con el contacto de “Luis Leandro” cuyo teléfono es el 11-2124-6413. Este último se repite en la lista, con el agregado de la cifra de la coima: 60.096.154,39 reales.

El llamado a la licitación de los gasoductos fue el 5 de septiembre de 2008. O sea, un mes antes de que se enviaran esas “propuestas”. En estos tres casos, quien aparecía como clientes era la “CONSTRUCTORA OAS LTDA”. Y el denominado “Cliente Final” figura el nombre de nuestro país: “Argentina”.

Este pago a esa constructora supuestamente competidora en la licitación, da la pauta de que ella se trataba de una licitación arreglada previamente entre los participantes, en cuanto al ganador y sus precios. Lo que obliga a la debida compensación a las  empresas acompañantes, que de esta manera simulan una competencia inexistente, y cohonestan los precios cotizados.  Precisamente, las investigaciones del Lava Jato apuntan a la existencia de una cartelización entre las constructoras que supuestamente competían entre sí.

La cuarta y última mención en la lista de Youssef aparece bajo el nombre de “Proposta Cordoba – Argentina”. En este caso, el cliente no es la constructora OAS, sino “F.G. / Unicontrol”. El contacto es un tal “Fernando Gomes”, cuyo número es el 11-4688-0441. En la lista, el tal Gómes se encargó también como contacto para una coima de otra obra para FG, que a diferencia de las anteriores, figura un número de identificación del proyecto: “SKFG Córdoba 250510”, y probablemente se trate de una fecha. Y precisamente, la fecha de la propuesta enviada fue tres días después, el 28 de mayo de 2010. Y el cliente final, no figura el nombre de nuestro país. Sino de la constructora brasilera que se quedó con el negocio: “Andrade Gutierrez”.

Madero Urbana, el posible paso de una parte de las coimas

En el año 2007, cuando Mauricio Macri asumió la jefatura de gobierno de Buenos Aires, IECSA, la constructora de la familia Macri, fue vendida a Ángelo Calcaterra, primo del presidente, a través de la sociedad holding Grupo ODS, pasando a ser IECSA su nave insignia.

El 3 de marzo de 2008, ODS crea la sociedad anónima Madero Urbana, donde según una memoria de la constructora IECSA, fue creada “para la ejecución del desarrollo inmobiliario en Puerto Madero denominado ArtMaría”.

“El emprendimiento se ubica en el Dique 1, lado este, de Puerto Madero – Ciudad de Buenos Aires, sobre un lote de 2 manzanas con una construcción prevista de 103.000 m² distribuidos en dos subsuelos, con una capacidad total de 780 cocheras”, señala el memo, estando ya construidos dos edificios residenciales de 21 pisos cada uno. Lo curioso es que el capital inicial de Madero Urbana era de tan solo 30.000 pesos. Mientras que la inversión total de este emprendimiento rondaría los 180 millones de dólares.

El 30 de junio de 2008, renunció el vicepresidente de Madero Urbana, Alejandro Belluscio, y el directorio pasó a estar integrado por los socios de Calcaterra: Ramón Garrone, Ricardo Dinna, Santiago Altieri, entre otros. Dinna es mencionado en un documento de la Policía Federal de Brasil de haber participado en las coimas del soterramiento del Tren Sarmiento, negocio que compartieron Odebrecht e IECSA.

A su vez, con la renuncia de su vice, Madero Urbana estableció un incremento de su capital social, pasando de los 30.000 a los 16.343.600 pesos, y una reforma del estatuto social. El 5 de septiembre de 2008, se hace el llamado a licitación para los gasoductos. Un mes después, el primero de octubre de 2008, Madero Urbana vuelve a incrementar su capital social a un total de $ 58.387.000. O sea que en medio año, la empresa tuvo un crecimiento exponencial de su patrimonio, cercano al 200.000%.

Para el 17 de marzo de 2010, el capital social de Madero Urbana ya alcanzaba los $122.329.514. El 2 de septiembre de 2011, entran en escena dos personajes oscuros del empresariado cordobés. Según constan las actas presentadas ante la Comisión Nacional de Valores, Madero Urbana subscribió un contrato de transferencia de acciones con Gestión y Desarrollos Inmobiliarios S.A. (GDISA) de los hermanos Guillermo y Patricio Álvarez.

Los Álvarez, a su vez, son socios de los hermanos Hermann y Cristian Karsten en la empresa Kolektor, encargada desde 2005 de recolectar los impuestos y multas a los cordobeses. Y Hermann Karsten y Horacio Miró son socios en empresas como IT Net, encargada de controlar los parquímetros en Neuquén. Y a su vez IT Net es la proveedora de software a Kolektor, recibiendo un pago en proporción a su recaudación, lo cual viene a ser un bypass a los ingresos fiscales, que en parte pasan a manos de Miró, sindicado por el mismo Karsten como el “Lázaro Baez de De la Sota”.

De esa manera Calcaterra, en nombre de ODS, transfirió el 40% de las acciones de Madero Urbana por la suma de U$S 11.086.750. Estamos hablando de una empresa cuyo único negocio preveía una inversión extremadamente superior de 180 millones de dólares, y una facturación de 400 millones de dólares.

En el mes de diciembre de 2011, Britos SA (Horacio Miró) abandonó la UTE de los gasoductos (quedando conformada solo con Andrade Gutiérrez y IECSA) y a la par el 2 de ese mismo mes se formalizó la nueva conformación accionaria de Madero Urbana, entre IECSA (60%) y GDISA de los socios de Miró (40%).

Inmediatamente después del cambio de conformación de los accionistas de Madero Urbana, en diciembre de 2011, aparecen como directores de ella dos personajes pertenecientes al riñón de José Manuel de la Sota. Se trata de Roberto Poplawski, ex funcionario del ex gobernador y socio de Horacio Miró en la obra pública, y Ramiro Sosa Navarro, director del Banco de Córdoba.

Es decir, en el mismo mes en que Horacio Miró, el “Lázaro Baez” de De la Sota, abandona el formidable negocio de los gasoductos dejándolo en manos de IECSA – Andrade Gutierrez, personas allegadas a él desembolsaron una cifra equivalente a la tercera parte de las coimas pagadas por esa obra,  para quedarse con una empresa con una importante inversión en Puerto Madero. Y trascartón pusieron en el directorio de ella a los socios de Miró, que venían ligados a cargos públicos referidos a la obra pública en Córdoba, y pasaron a departir en la misma mesa con los socios que tenía la obra de Córdoba.

Pero estos intercambios empresarios no serían ninguna novedad en la corrupción delasotista, dado que de una manera parecida Miró y Poplawski pasaron de ser altos funcionarios delasotistas, a controlar Britos SRL que pasó a denominar Britos Hnos SA. Firma que era socia del grupo Eunerkian en obras públicas en Córdoba, habiendo coincidió ese cambio de manos empresarial, con la compra a la Provincia por parte del grupo Eurnekian, del ex batallón 141, con sus 22 hectáreas casi en el centro mismo de la ciudad de Córdoba. Por el que el grupo Eunerkian pagó en el año 2007 menos de 30 millones de dólares en cómodas cuotas, y sobre el que está actualmente desarrollando un negocio inmobiliario de más de mil millones de dólares.

Roberto Walter Poplawski fue vicepresidente y director de Britos SA. También es socio de Miró en empresas radicadas en la República del Uruguay. Su hermana, Carmen Poplawski, fue secretaria General de la gobernación de De la Sota en su segundo mandato.  Tanto Miró como “Carmencita” Polawski fueron titurales de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) donde se maneja los fondos para el financiamiento de la obra pública.

Al respecto, en la cámara oculta que el periodista cordobés Tomás Méndez le realizó al empresario Hermann Karsten, presentándose este como intermediario de Miró para que el programa televisivo ADN dejara de realizar informes adversos contra él y sus vínculos con De la Sota, a cambio de sobornos, plantea que en una charla que tuvo con alguien del Gobierno de Córdoba, insistía en que ante el caso de cerrarse un acuerdo con Méndez, debía estar presente alguien de Britos. “Por lo menos el socio de Horacio, que es Walter”, en referencia a Poplawski.

Por su parte Ramiro Sosa es el director de BanCor, el banco oficial cordobés, y en su currículum señala que fue ejecutivo de Madero Urbana. Su padre es Ricardo Sosa, actual ministro de Obras Públicas y Financiamiento de la provincia, rama que al igual que Miró y los Poplawski en la ACIF, tiene relación directa con el control y manejo de la obra pública cordobesa.

Tanto padre e hijo han desmentido la denuncia de los tres legisladores cordobeses. Expresando el padre ante una consulta concretada por el diario La Voz del Interior (grupo Clarín) de Córdoba, que ella solo pretende “ensuciar de la forma más absurda y estúpida la mayor obra de infraestructura de la provincia… Ya pasaron vergüenza en Brasil, diciendo primero que era Odebrecht quien pagaba y luego OAS, por una obra que no se hizo. Algo absurdo”.

No obstante que la lista de Youssef señala a OAS como participante en las coimas. Mientras que su hijo solo se limitó a decir que llegó a Madero Urbana después de realizarse el cambio accionario, y que nunca tuvo relación con ninguna obra en Córdoba.

Las offshore, ¿ligadas a esta ruta de dinero?

Por su parte Horacio Miró, tal como lo expuso Stripteasedelpoder, registró un total de cuatro sociedades offshore en el estado de Florida, considerado un paraíso fiscal. Fueron radicadas allí entre abril de 2011 y febrero de 2012, junto con su esposa Melida Medaglia. Siendo sus nombres: Milo Inco Inc, Milo I Con Inc, Milo Skyline Inc, y Miro Naples Inc.

Y tanto Miró como Roberto Poplawski tienen registrados dos empresas en Uruguay, país también considerado como un paraíso fiscal: Closer SA y Anfimar SA, registradas en el Banco Central del país vecino. Con lo cual deja abierta la sospecha sí el resto de los fondos, o parte de esa tercera parte, fueron depositados en cuentas bancarias abiertas en el exterior, a nombre estas empresas.

Macri – De la Sota

No es extraño pensar que el peronismo cordobés tenga negocios comunes con una casta política de lineamientos neoliberales como es el macrismo. El actual gobernador Juan Schiaretti y el actual presidente Mauricio Macri ya se conocían cuando Mauricio y su padre Franco Macri, estuvieron procesados por el contrabando de vehículos automotores. En un esquema de compensaciones de importación exportación fraguadas, armado por el cordobés Schiaretti cuando era secretario de Industria y Comercio nacional, y debía controlar a la empresa SEVEL de los Macri.

Ahora en su actual segundo mandato como gobernador, iniciado en el 2015, lanzó la segunda intentona de la construcción de los grandes gasoductos. Resultando ganadoras Odebrecht, Electroingeniería, y nuevamente IECSA. Pero con el corte de los créditos chinos con que se iban a financiar las obras, se relicitaron las obras que correspondían a Electroingeniería y IECSA. En la que nuevamente librada de la carga de su financiamiento resultó favorecida SACDE, la IECSA que cambio de nombre cuando el grupo Calcaterra Macri la traspasó a Marcelo Mindlin.

A su vez la relación entre Macri y De la Sota es mucho más remota. Ya que este durante la dictadura, fue empleado de Socma, la nave insignia del grupo Macri, por lo que se puede decir que conoce a Mauricio Macri cuando este era un purrete.

Y apenas asumió en 1999 en su primera gestión como gobernador, De la Sota le adjudicó a IECSA, la constructora capitaneada por Macri, y a la novel Electroingeniería, la construcción de 100 nuevas escuelas, que luego en el 2001 se hicieron 200. Con la particularidad de que tan sólo seis meses después de la adjudicación de estas últimas, el contrato tuvo un reajuste del 154%.

En su segunda gestión, en el 2006, IECSA se quedó con la construcción de 62 kilómetros de la Autopista Córdoba – Rosario. Luego, mediante la firma Cincovial, se quedó con el cobro de peajes en ese corredor. Finalmente, en 2014 durante su tercera gestión, un sector de la autovía Córdoba – Río Cuarto también se la quedó IECSA, con un contrato de un monto inicial de 385 millones de pesos, más sus subsiguientes redeterminaciones de precios.

Como se puede ver, si se trata de negociados de obra pública, pago de coimas, y sociedades registradas en paraísos fiscales, no parece haber grandes diferencias en nuestros dirigentes-.