En la Subsecretaría de María Cecilia Loccisano fue donde estuvo demorada la documentación para la adquisición de medicamentos para el VIH.

Semanas atrás, el Ministerio de Salud admitió en un comunicado oficial que la entrega de medicamentos para el tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) sufría demoras que “obedecen a los tiempos habituales de habilitación presupuestaria”. La aclaración llegó después de que se filtró una notificación, que publicó El Destape, en el que delegaba en las provincias la compra de los mismos.

La alerta que encendió la noticia en las 70 mil personas que son portadoras del virus y dependen de la cobertura del Estado obligó al Estado nacional a emitir órdenes de compra para garantizar la provisión de esos medicamentos: Dolutegravir, Abacavir/Lamivudina, Darunavir y Efavirenz.

Sin embargo, a esa situación no se habría llegado si se hubiese acelerado la evaluación de una licitación pública para comprar los mismos medicamentos, que estaba pendiente hace seis meses y que llamativamente se publicó el dictamen en la misma semana que se notificó la demora.

Ese expediente, que se adjunta en la nota, dependía de la Subsecretaria de Coordinación Administrativa, a cargo de María Cecilia Loccisano, quien renunció hoy tras la publicación del decreto que prohíbe designar familiares de funcionarios en el Estado. La media fue para salvar a su esposo, el ministro de trabajo, Jorge Triaca, quien se vio seriamente afectado tras el escándalo con su ex empleada.

Loccisano es la funcionaria que tenía el manejo de las compras y el presupuesto del Ministerio que encabeza Adolfo Rubinstein. Es decir, desde la oferta a la evaluación, que es lo que estaba pendiente, los expedientes estuvieron seis meses en su área.

Por lo tanto, no se trató de un problema de presupuesto. Además, aducir un problema de presupuesto no debe ser razón para la demora ya que las compras de medicamentos deben estar contempladas de antemano en la diagramación de un presupuesto.

El expediente se publicó el 22 de enero, tres días después de que la cartera de Salud informó el faltante de los antirretrovirales Dolutegravir, Darunavir, Efavirenz y Abacavir-Lamivudina. Menos el primero, el resto figura en el proceso de compra adjuntado en esta nota y que tuvo aprobación en septiembre de 2016. En junio del año pasado se autorizó el llamado, al mes siguiente se dio la apertura y recién la semana pasada tuvo dictamen de evaluación.

Es la primera licitación pública para la compra de antirretrovirales iniciada y concretada durante los dos años de gestión de Cambiemos. La otra la comenzó la administración anterior y terminó en 2016. El resto fueron cinco contrataciones directas y en solo una de ellas adquirieron los medicamentos antes mencionados. Las compras de urgencia están reguladas formalmente aunque los procesos de control no son tan estrictos como en una licitación pública.

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Vale aclarar que no hay una reglamentación que determine plazos para analizar qué ofertas cumplen o no con los requisitos técnicos de la compra, los aspectos legales de las empresas, su conformación y su capacidad financiera, entre otros requisitos. Los seis meses de demora merecen una observación si se toma en cuenta que hay antecedentes de licitaciones, que los protocolos de compra ya están definidos por estándares internacionales y si se sabía que en el corto plazo iba a haber problemas con el stock. Si hubiese habido voluntad política, la aprobación podría haber salido antes.

“La demora no parece deberse a un problema de presupuesto, como marca el Ministerio, porque esa licitación pública obedece a la planificación presupuestaria de todos los años. De hecho esa licitación pública se inició en 2016”, afirma el vicepresidente de Fundación Soberanía Sanitaria, Federico Kaski Fullone. “Es llamativo que el expediente para la compra de un insumo tan importante demore tanto tiempo”, agrega.