En la portada se puede ver al subalferez Emmanuel Echazú dentro de la camioneta Ford Ranger OLW 237 con sus dos conos viales, tras haberse desembarazado del ominoso bulto negro que transportó fuera del Pu Lof, confeccionando el acta de procedimiento cumplido el día en que desapareció Santiago. Esta imagen y las que se pueden ver a continuación fueron extraídas del Informe RAM, confeccionado por el Ministerio de Seguridad y tres provincias. Ellas muestran el arsenal subversivo incautado en el anómalo operativo de Gendarmería impulsado por Pablo Noceti, poniendo de manifiesto que habría tenido por objeto detener mapuches masculinos, y despojarlos de sus enseres y herramientas, para forzarlos al desalojo. En consonancia con la anómala detención de su líder Jones Huala, concretado semanas antes. Una jugada empresaria rastrera impulsada por el grupo Benetton, en la que se cruzó el cisne negro de la desaparición de Santiago.
Por Javier Llorens con colaboración de Lea Ros – 20-1-2018
El último miércoles del año pasado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, anunció la creación de un Comando Unificado contra la organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Lo hizo junto con los representantes de tres gobiernos provinciales del sur patagónico: Pablo Durán, ministro de gobierno de Chubut; Jorge Lara, ministro de Seguridad de Neuquén; y Gastón Pérez Estevan, ministro de Seguridad de Río Negro.
Para justificarlo, los cuatro dirigentes presentaron el denominado informe “RAM”, donde el Estado Nacional y los mencionados estados provinciales exponen su visión sobre lo que sería la RAM, que ha sido señalada por los grandes medios de comunicación, como la gran responsable de distintos incidentes violentos ocurridos en la Patagonia.
Compuesta por 180 páginas, gran parte con publicaciones fotográficas, el informe define a la RAM como “un movimiento etnonacionalista violento que desde hace ocho años opera en territorio argentino. Su accionar se concentra en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Asimismo, se han registrado hechos en otras partes del país. Los activistas de la RAM cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra el orden público y contra las personas”.
Según este trabajo, luego de un esfuerzo mancomunado mediante búsquedas en Internet, crónicas publicadas en blogs, y fotos extraídas de Google Imágenes, se llegó a la conclusión de que la RAM está involucrada en un total de 96 casos judicializados. Los dos primeros son las más graves, ya que se trata de asesinatos, y los otros 94 casos son solo daños a la propiedad.
El primero fue en el año 2010, con una explosión en Cipoletti (provincia de Río Negro) puesta en una dependencia policial, que acabó con la vida de un barrendero. En el incidente, no se encontró ningún panfleto ni comunicado de la RAM. Pero sí un parte de prensa de una organización anarquista, que se publicó en un blog cuyo dominio ya no existe. Mientras que el segundo asesinato fue contra un sargento policial durante un control de ruta en el año 2012. Tampoco fue revindicado por la RAM, sino por una organización de izquierda, del cual no se tiene conocimiento sobre qué relación tienen con el conflicto mapuche.
De los otros 96 hechos, solo dos confirmaron la tenencia de armas por parte de los mapuches, según el informe RAM. Ellas están expuestas entre las páginas 11 y 19, bajo el sub-capítulo titulado “Armas utilizadas”, donde se exponen un total de 15 fotografías del supuesto armamento incautado en dos allanamientos.
Uno de ellos es el ya famoso operativo concretado por Gendarmería el 1 de agosto de 2017, en el puesto del Pu Lof en Resistencia Cushamen, provincia de Chubut, a la vera de la ruta nacional 40. En el que desapareció Santiago Maldonado, y puso en vilo a la gestión de la ministra Bullrich.
El arsenal subversivo secuestrado en el Pu Lof de Cushamen
A continuación se pueden observar la peligrosidad del armamento requisado, apareciendo en primer lugar un terrible machete, cinco cuchillos de distintos tamaños, peligrosos destornilladores, y hasta un estribo oxidado y un mosquetón.
Acá el arsenal subversivo tiene más contundencia, además de machetes, se ven martillos para golpear al enemigo, hachas para descabezarlos, serruchos para aserrarlos, y piedras y hondas de revoleo, e incluso una hoz que es un símbolo comunista. Además de panfletos y celulares para concretar la propaganda subversiva.
Acá se ve una imagen ampliada de la anterior, con cortaalambres, motosierras y sus combustibles, pasacalles con la subversiva consigna “fuera Benetton”, y botellas sospechas de usarse para molotov. Junto a un cuerno de vaca y un matafuego, un peligrosos taladro y amoladora angular, y alambres y cadenas para sujetar a los rehenes.
En esta se observan peligrosísimas sierras y motosierras, espadas, más taladros y martillos, y una letal tenaza junto a una manea.
En esta hay un matafuego, cuyo su solo nombre indica su peligrosidad mortal, un tanque de no se sabe para qué, pero debe ser muy peligroso, junto terribles piedras y ondas de revoleo, como la que hace 2.500 años uso David para matar a Goliat.
Acá hay un bolso de armas, disimulado como un bolso de herramientas, que contiene los peligrosísimos armamentos antes enumerados.
Acá se puede ver el armamento antes visto, pero desde otro ángulo, para resaltar su número y peligrosidad.
En la siguiente toma, se puede ver un mortal taladro de mano y una letal motosierra, si se ataca con ellos a otra persona, con sus espadas para su reemplazo.
Acá se puede ver desde otro ángulo el armamento antes detallado, junto una boina guerrillera, panfletos subversivos contra Benetton, más celulares para la guerra psicológica, y el dinero de origen británico secuestrado, con el que se dice que se financia la asociación ilícita terrorista contra Benetton denominada RAM.
La siguiente es la imagen ampliada de la portada, con el subalferez Emmanuel Echazu confeccionando el acta de secuestro del armamento subversivo, ayudado por otros gendarmes que van enumerando el mismo.
La ideología subversiva mapuche
Además de estas diez fotos referidas a las “armas encontradas”, en un subcapítulo titulado “Panfletos” (pág. 27) se incluyen otras fotos, la mayoría tomadas en el Pu Lof. Que ponen de manifiesto la ideología subversiva mapuche, transparentada en publicaciones, volantes y panfletos. Que no obstante tienen la particularidad de no llevar ninguno de ellos la firma de la RAM.
En el siguiente panfleto se reclama la libertad del jefe subversivo Jones Huala, con la firma del MAP (Movimiento Mapuche Autónomo).
La siguiente imagen, tomada sobre el capot de la Ford Ranger de Echazú, pregona el símbolo subversivo Puel Mapu libre, referido al territorio que está al este de la cordillera de los Andes, lo cual poco tiene que ver con los chilenos. 
El siguiente libro, publicado por el Círculo Militar en 1987, es otra manifestación del espíritu subversivo mapuche.
Este panfleto que opone a los mapuches contra el capitalismo, es otra evidencia notable de su subversión apátrida.
Lo mismo sucede con este otro que llama a la resistencia, en defensa de la calidad de vida y el trabajo propio, el ejercicio de derechos políticos y territoriales, el enfrentamiento contra la explotación y el latifundio, y las actividades contaminantes petroleras y mineras, etc. Todas ellas consignas altamente subversivas.
Y esta imagen expone evidentemente el fanatismo subversivo, al poner en la frente de Luciano Benetton el sello de usurpador, y preguntarse si como usurpador anda encapuchado.
El verdadero motivo del anómalo allanamiento al Pu Lof y sus antecedentes
Las ridículas imágenes del supuesto armamento requisado, y de los panfletos y publicaciones que aparecen en el informe RAM, tienen no obstante la virtud de poner en evidencia cual era el verdadero objetivo del operativo que llevó adelante la Gendarmería en el Pu Lof, el 31 de julio y el 1 de agosto, día en que desapareció Santiago Maldonado.
Supervisado personalmente por el segundo en el ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Quien además aporto la doctrina para hacerlo sin orden judicial alguna. Justificándolo por la existencia de delitos de flagrancia por el corte de ruta y lesiones a la autoridad, que los mapuches denunciaron que habría sido deliberadamente provocada por la Gendarmería.
Noceti no casualmente estaba de huésped en la estancia Leleque, perteneciente a la Compañía Tierras Sud Argentino (CTSA) propiedad del poderoso grupo Benetton, cuyas ramificaciones mundiales se pueden apreciar en los siguientes logos que le pertenecen.
Y además mantendría relaciones de amistad familiares con el vicepresidente y CEO de esta compañía, Diego Perazzo. Pero el poder de loby del grupo Benetton parece ser mucho más vasto, dado que su vocera institucional es o era Josefina Braun, descendiente de los anteriores propietarios de CTSA. Con parentesco con el jefe de Gabinete Marcos Peña Braun, el secretario de Comercio Miguel Braun, y la misma ministra de Seguridad Patricia Luro Pueyrredón, emparentada también con los Braun.
Por esa razón Noceti venía desde tiempo atrás muy interesado en el fragoroso conflicto que se venía acrecentando entre el grupo Benetton y la comunidad del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, liderada por Facundo Francisco Jones Huala. Por la ocupación por parte de esta, de parte de las tierras de supuesta propiedad del primero.
En consecuencia, aprovechando el dominio que Noceti ejerce sobre las fuerzas públicas, el operativo del 1 de agosto, tras la provocativa y anómala detención de Jones Huala sucedida unas semanas antes, habría tenido el pedestre objetivo de diezmar a la población masculina del Pu Lof, mediante las detenciones que los gendarmes intentaron llevar a cabo a toda costa. Y confiscar sus modestos enseres y herramientas, para forzarlos a su desalojo. A la par de que otros fueron quemados, en la fogata hecha para tratar de reanimar a Santiago de la hipotermia que lo aquejaba.
Pero esta situación fue solo el clímax de un conflicto que venía in crescendo desde dos años atrás, entre la comunidad mapuche del Pu Lof en Resistencia y el grupo Benetton. Iniciado con la ocupación a principios de marzo de 2015, de parte de la estancia Leleque de Benetton, por los habitantes del Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
Ese mismo día hubo un intento de desalojo por parte de policías, que agredieron a los ocupantes con disparos de arma de fuego, al que ellos resistieron y denunciaron judicialmente. Y a partir de allí se inició una campaña de discriminación y odio antimapuche, bajo el lema “mapuches go home” movilizando a la población en su contra. La que fue denunciada ante el INADI, quien poco después ordenó a Facebook el cierre de la página que la incitaba.
Luego en abril del 2015, ante la denuncia de Benetton de usurpación, la justicia provincial ordenó un allanamiento del Pu Lof, para identificar a sus ocupantes. Quienes se negaron a hacerlo, lo cual derivó en un enfrentamiento con balas desde la policía y piedras desde los mapuches. A partir de allí la justicia provincial dispuso un monitoreo policial permanente sobre el Pu Lof.
En junio 2015 la justicia provincial imputó al albañil Martiniano Jones Huala y otras personas, por los delitos de usurpación, corte de alambrados, y destrucción de carteles, al haberlo interceptado llevando materiales de construcción al Pu Lof, señalando también a Facundo Jones Huala como involucrado en los hechos. En consecuencia le prohibió a Martiniano acercarse al Pu Lof durante 30 días.
En julio del 2015, la justicia provincial resolvió que correspondía la aplicación de la ley terrorista contra los habitantes del Pu Lof, y dispuso en consecuencia el pase de la causa a la justicia federal. Postura que fue rechazada por esta, con la intervención del juez Guido Otranto y la fiscal Silvina Avila, pasando así esta cuestión de competencia a la Corte Suprema.
En agosto de 2015, al no haberse llegado a resultado alguno en cuatro meses de investigación, el tribunal penal provincial rechazó el pedido de la fiscalía y de Benetton para prorrogar la investigación por usurpación, alegando para ello que en el Pu Lof había actividad de abigateo y armas de fuego. Al mismo tiempo se reveló que en la causa existía una investigación de inteligencia concretada por un agente de la AGI (Agencia Federal de Investigaciones) sin tener autorización para hacerla, donde se identificaba a los imputados en la causa, y sus simpatizantes en la población.
Casi un año después, en junio de 2016, en base a una denuncia de robo de ganado por parte de Benetton, la Guardia de Infantería de la Policía de Chubut y la Unidad de Abigeato allanó violentamente el Pu Lof al amanecer, con disparos de balas de goma y gases lacrimógenos, deteniendo a Facundo Jones Huala, con la excusa de la existencia de un pedido de extradición, y otros seis mapuches.
En julio de 2016 el juez Otranto cito a indagatoria penal a los fiscales provinciales y a dos funcionarios policiales, por el espionaje realizado sobre mapuches y vecinos de Esquel, y procesó al espía de la AFI por espionaje ilegal. Al mismo tiempo se concretó en la justicia provincial una audiencia de revisión de la prisión preventiva dictada contra Facundo Jones Huala, durante la cual este se declaró “prisionero político”, y en la cual estuvo presente el segundo del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. A pedido de Benetton y la fiscalía, se resolvió que la detención de Jones Huala se prolongara por treinta días más, por supuestamente existir peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.
En agosto de 2016, el juez federal Otranto, en el marco del proceso por el pedido de extradición formulado por Chile, también rechazó el pedido de excarcelación de Facundo Jones Huala, por supuestamente haber incurrido en situaciones de rebeldía en otros procesos judiciales.
Este anómalo proceso de extradición del líder de esa comunidad indígena, iniciado a principios del 2015, tiene un cúmulo de irregularidades. Ya que Chile recién concretó su pedido de captura ante Interpol, por un requerimiento efectuado por la policía de Chubut a principios del 2015. Y con ello se fundamentó su pedido de detención, y se dio impulso a su extradición.
No obstante que la causa judicial invocada, el incendio del fundo Pisu Pisue en Chile, país de donde Jones Huala se fugó estando con detención domiciliaria, terminó en el 2014 con una absolución de los otros mapuches coimputados. Solo recibió una leve condena por encubrimiento la machi Millaray Huichalaf, en cuya casa se alojaba Jones Huala cuando fue detenido e imputado por dicho incendio. La condena de la machi fue a su vez denunciada de tener motivaciones políticas, al ser la líder en la región que se opone a la instalación de una hidroeléctrica sobre el rio Pilmaikén.
https://www.elciudadano.cl/justicia/machi-millaray-huichalaf-condenada-en-caso-pisu-pisue/11/13/
En ese mes de agosto también se inició una mesa de diálogo entre el Pu Lof y el gobierno de Chubut, concretada en la cárcel donde estaba detenido Jones Huala, por la reiniciación de la circulación del tren turístico “La Trochita”. Cuyo vías pasan por el Pu Lof, pero desde quince años atrás no se utilizan comercialmente, dado que dicho tren solo cumple recorridos turísticos hasta las poblaciones cercanas de El Maiten y Esquel.
La empresa ferroviaria privada que detenta la concesión, alegó que necesitaba transitar por allí, para el envío de locomotoras a reparación, y por eventuales charters. Y se avino a asegurar la provisión de agua potable a la comunidad mapuche-tehuelche de Nahuelpan, donde finaliza el recorrido del tren que comienza en Esquel. No obstante se negó terminantemente a informar previamente en forma fehaciente el despacho de un tren, como lo establece la OIT, alegando que impedir la libre circulación de un tren es un delito federal.
A fines de ese mes de agosto se inició el juicio oral y público de extradición de Facundo Jones Huala a Chile. Realizado en el cuartel de Gendarmería de Esquel, con un gran despliegue de fuerzas nacionales y provinciales, y patrullaje permanente de helicópteros y drones como si se tratara de un súper narco o un súper terrorista. En un operativo dispuesto por Noceti, quién además se hizo presente en la audiencia del juicio.
Por su parte en apoyo de Jones Huala se hicieron presentes en esa localidad diversas personalidades de los Derechos Humanos, como Adolfo Pérez Esquivel, premio nobel de la paz, Félix Díaz, lider de los Qom, Ernesto Moreau, presidente de APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), etc.
El 2 de septiembre el juez federal Otranto dispuso sorpresivamente la anulación de la causa de extradición a Chile de Jones Huala, por irregularidades procesales graves, y archivó el pedido de extradición. Al haberse iniciado con la delación ante la policía, de un delicuente detenido en flagrancia por un robo.
Quien mediante apremios ilegales dijo que Jones Huala había cometido diversos delitos en Argentina y Chile, y planeaba la ocupación del actual Pu Lof. Dándose a partir de allí un montaje de seudo investigadores de un lado y otro de la frontera, a través de Interpol, para incriminar a la comunidad mapuche del Pu Lof y su líder.
Por su parte la CTSA del grupo Benetton, también se encargó de hacer notable el especial interés que tenía en el caso, al ser su vicepresidente Diego Perazzo, uno de los que presentó un pedido de jury contra el juez Otranto, con motivo de ese fallo. Siendo el otro peticionante, el fallecido gobernador Mario Das Neves, quién además pidió la renuncia de Otranto. Mostrando esto la gravedad del conflicto mapuche versus Benetton, que alcanzaba a los más altos niveles del gobierno provincial. Por su parte la fiscal federal Silvina Avila presentó una apelación ante la Corte Suprema en contra del mismo.
La llegada del conflicto mapuche vs Benetton al clímax y el cisne negro de Santiago
En noviembre de 2016, representantes de comunidades mapuches presentaron ante la Justicia federal un Habeas Corpus para que se garantice la seguridad a integrantes del Pu Lof. Ante el constante hostigamiento de parte de las fuerzas de Seguridad, y el posible accionar de la Gendarmería para supuestamente facilitar el desplazamiento del tren La Trochita.
El juez federal Otranto lo rechazó, aquejado por los pedidos de jury contra él. Y en diciembre la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia hizo lo mismo. Concomitantemente la Corte Suprema se expidió negativamente respecto los cargos de supuesto terrorismo mapuche, disponiendo que la causa de la usurpación del Pu Lof debía tramitarse en la justicia provincial. Se basó para ello en el dictamen del Procurador, que compartiendo la postura del juez Lleral expresó:
“… en el caso subyace un reclamo indígena por la propiedad o posesión de la tierra, lo que fundamenta la exclusión de estos sucesos como actos terroristas, por aplicación de esa norma, que expresamente exceptúa como tales a aquellos que “tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
“… el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional garantiza la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas argentinos. También descartó la vinculación del caso bajo estudio con otros atentados atribuidos a miembros de la Comunidad de Resistencia del Departamento Cushamen, en tanto no tendrían respaldo probatorio en la causa”.”
A la par comenzó a registrarse una presencia masiva de Gendarmeria en el departamento Cushamen, que instaló además una dotación en El Maiten. Y a la par la Provincia dio por concluida la mesa de diálogo con las comunidades mapuches, respecto el transito eventual del tren La Trochita.
Así el 10 de enero de 2017 a la madrugada, fuerzas de la Gendarmería y de la Policía provincial cerraron todos los accesos al Pu Lof en un radio de 20 kilómetros a la redonda. E ingresaron violentamente al mismo un escuadrón de Gendarmería con más de 200 efectivos pertrechados con pistolas 9mm, escopetas, bastones , escudos, carros hidrante, una división de caballería de Trevelín, un helicóptero, un avión hidrante, y varios drones.
Con el objetivo aparente, por orden del juez federal Otranto y el juez penal provincial Oscar Colabelli, de liberar de obstáculos las vías, por las que hacía 15 años no circulaba ningún tren. Los integrantes de la Lof denunciaron que habían sido sometidos a tratos racistas y degradantes, golpeando con los bastones a niños y mujeres, y arrastrándolos, esposándolos, y amenazándolos. Sometiendo ademas a los detenidos a distintas sevicias por parte de los gendarmes, como la de atropellarlos y echarles arriba los caballos.
Y al día siguiente desde una camioneta de la policía de Chubut de la Guardia de Infantería, dispararon contra integrantes de la comunidad, hiriendo gravemente a dos de ellos. El resultado de estos operativos fueron once mapuches y no mapuches detenidos, y procesados por resistencia a la autoridad por la justicia provincial.
No obstante días después todos los detenidos fueron puestos en libertad, por la presión social que incluyó la presencia de personalidades de Derechos Humanos. Como Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo; María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi); Margarita Cruz, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels); y Pablo Pimentel, de APDH La Matanza, etc,.
Seis meses después a fines de junio del 2017, fue provocativamente detenido Facundo Jones Huala, en un control de ruta efectuado por Gendarmería de Esquel. En base a una orden del juez federal de Bariloche, Ricardo Villanueva, alegando el viejo pedido de extradición de Chile. Comenzando así lo que sería el intento de dar un golpe mortal y decisivo sobre el Pu Lof en Resistencia, con miras a erradicarlo enteramente conforme los intereses del grupo Benetton.
Dicha detención resultaba inusitada y extemporánea, porque la Corte Suprema aún no se había expedido sobre el proceso de extradición cumplido previamente, que el juez Otranto había anulado. La que casualmente, recién se expidió el 2 de agosto del 2017, al día siguiente de los conmocionantes hechos acaecidos en el Pu Lof con la desaparición de Santiago.
En su fallo rechazó la apelación interpuesta por la fiscal Avila, al considerar que no se trataba de una sentencia definitiva, como para tener que avocarse a ella. Dando así a entender elípticamente, que si el juicio contra Jones Huala era nulo, al no ser realmente un juicio sino un trámite de extradición, el mismo podía repetirse nuevamente.
Existía en tal sentido desde octubre de 2015, el dictamen del Procurador Eduardo Casal, actual Procurador General interino. Que no solo compartía la postura de Avila, sino proponía que sin más se decretara la extradición de Facundo Jones Huala a Chile. Postura que habría alentado al juez Villareal de Bariloche, probablemente con algunas palmadas dadas en la espalda por Noceti, a detener nuevamente a Jones Huala, anticipándose al fallo de la Corte.
Detención que como era de prever, motivó distintos reclamos por parte de la comunidad mapuche, que culminaron a fines de julio con una protesta ante el juzgado de Bariloche, en la que hubo incidentes y corridas, y daños en su fachada. Lo que con el aval de Noceti, motivó la detención de nueve mapuches, quien entonces declaró: “Una cosa es cuando uno reclama en un juzgado y otra cosa es cuando uno comete delitos en el marco del reclamo, que es lo que pasó”.
El funcionario nacional, esbozando su doctrina sobre la flagrancia, que luego replicó en el Pu Lof relató: “mientras se estaba desarrollando con algunos lonkos una reunión con el fiscal dentro del Juzgado Federal, entre los que se encontraba el hermano de Jones Huala, de repente irrumpieron rompiendo gran parte de los vidrios otro grupo de personas que estaba afuera y como que quisieron meterse dentro del juzgado federal. En el marco de esa actuación de flagrancia intervinieron las fuerzas para detener a las personas.”
Además expresó que estaba “atento y preocupado” por el accionar del RAM, que según expresó: “es un grupo organizado que desconoce al Estado argentino y al Estado chileno, con lo cual es un grupo de personas que independientemente de cometer todos los delitos que están cometiendo, son cada vez más violentos”.
Los detenidos recién fueron dejados en libertad el 2 de agosto. Por esta razón, al continuar detenidos, y por la provocativa detención de Facundo Jones Huala antes que se expidiera la Corte Suprema, los integrantes del Pu Lof hicieron un corte de ruta, en el empalme de la ruta 40 con las ex 40, que se encuentra en las inmediaciones del mismo. Nada diferentes a las que hacían los propietarios de campos de la pampa húmeda en el año 2008, durante el conflicto con el campo con motivo de la resolución 125, sin que hubiera represión alguna.
No obstante el juez Lleral, que acababa de presentarse ante el Consejo de la Magistratura como candidato a vocal en un tribunal oral en Roca, ordenó a Gendarmería que despejara la ruta, pero llevando un registro visual de todo el procedimiento. Lo que esta concretó el 31 de julio con la participación de los escuadrones de El Bolsón y Esquel, reprimiendo y disolviendo el piquete que cortaba la ruta 40.
Pero además durante la madrugada del día siguiente, provocatívamente, siguió hostigando a los integrantes del Pu Lof desde la ruta. Y estos en consecuencia volvieron a cortar la ruta en la mañana del 1 de agosto, librándose un enfrentamiento que dejó heridos algunos gendarmes por las piedras lanzadas por los mapuches.
Lo cual posibilitó la aplicación de la doctrina Noceti, quién estaba en las inmediaciones en la estancia de Leleque de los Benetton, y se acercó hasta el Pu Lof en dos ocasiones. Lanzándose así Gendarmería a allanar el Pu Lof, careciendo de orden de un juez, y sin –aparentemente- cumplir con registro visual alguno, para tratar de detener a cuanto mapuche masculino no niño encontrara en su camino. Cosa que evitó el helado rio Chubut. que se interpuso entre los gendarmes y mapuches. Y para pasar luego a secuestrar los enseres y herramientas de sus integrantes, para despojarlos de su posibilidad de seguir allí, sin existir orden judicial alguna de ello. Mediante calificarlos con el rótulo de “armamentos”, con el que aparecen en el informe RAM.
En este marco la tragedia de Santiago Maldonado en el Pu Lof, quién no se animó a seguir cruzando el río helado, y volvió a su vera para morir por hipotermia en manos de los gendarmes, sumado a la posterior desaparición de su cuerpo decidido por razones electorales, se convirtió en la rara avis o “cisne negro”, que a partir de allí cambió el desenlace del operativo y toda la situación.
Con el trágico sacrificio de Santiago, como un pequeño y secular cristo redentor, en un conflicto donde la comunidad del Pu Lof en Resistencia, había entrado en la fase donde tenía todas las de perder. Ante la “fuerza de tareas” que había logrado ensamblar Benetton, Noceti, y el lobby de los Braun, con la conjunción del Gobierno, las fuerzas de seguridad, y la justicia como aliadas. Ante el puro voluntarismo mapuche, sostenido por 500 años de menosprecio, exclusión, y discriminación. Por ello en su honra los integrantes del Pu Lof en Resistencia deberían rebautizar a este con el nombre de Santiago Maldonado, que es más o menos su sinónimo.
El caso Santiago Maldonado y su saga
La desaparición de Maldonado por una fuerza nacional, en vísperas de las elecciones de las PASO, en el país que había inventado a los desaparecidos, causó una gran conmoción social. A la que al principio el Gobierno procuró enfrentar diciendo que Santiago no había estado allí. Pero luego la inusitada aparición del cuerpo de Maldonado río arriba del lugar donde había intentado cruzarlo, en vísperas de las elecciones de octubre, y la conclusión de la autopsia sobre su supuesto ahogamiento, le trajo a fines de noviembre un remanso de tranquilidad.
Se cumplió así la Teoría del Cisne Negro, enunciada en el 2007 por el autor Nassim Nicholas Taleb, definiendo de esta manera a los sucesos que causan una gran sorpresa, que tienen un gran impacto en el curso de los acontecimientos, y que luego se reacionaliza en retrospectiva. Que en este caso el Gobierno lo habría hecho haciendo aparecer a Santiago en el río Chubut, en vísperas de las elecciones de octubre, con síntomas de ahogado, para darle una explicación “políticamente correcta” a su desaparición.
Seguidamente, como otra operación de Gendarmería y el Gobierno para restañar sus imágenes, el subalferez Echazú salió a dar entrevistas televisivas a TN y Canal 13 del Grupo Clarín. Las que bien podrían pasar a ser un notable capítulo de la serie televisiva Lie to me, inspirada en el libro de Paul Ekman. Experto que sostiene que el rostro siempre refleja la verdad. Y esto resulta notable en el rostro de Echazú, que niega reiteradamente lo que expresa con su voz, en cuanto a que nada tuvieron que ver ni él ni Gendarmería con la desaparición de Santiago.
Luego le siguió en la causa la irregular declaración testimonial del joven testigo E, Lucas Pilquiman, tomada por el juez Gustavo Lleral y su secretario fuera de su despacho, y con ausencia de las partes. La que sumada a su reticencia previa a prestar declaración, pone de manifiesto que se trata de un testigo que tiene pavor a las posibles represalias de las fuerzas de seguridad.
Por eso en sus dichos se esmeró en sacar a los gendarmes de las inmediaciones de Santiago. Pero no obstante aseguró que este no se ahogó, sino que volvió a la vera del río, donde trató de esconderse entre unos arbustos. Lo cual además de ser una actitud destinada a evitar su captura por los gendarmes, también es un síntoma clínico de la hipotermia que sufría, como consecuencia de su incursión en las heladas aguas del río Chubut.
Finalmente el año 2017 se cerró con el lanzamiento del informe RAM presentando a mediados de diciembre, y la resolución de la ministra de Seguridad Bullrich, que en el último día hábil del año, dispuso el sorpresivo ascenso de subalferez a alférez de Echazú. No obstante ser por sus propios méritos, el único imputado en la causa que investiga la justicia por la desaparición forzada de Santiago, que aún sigue caratulada de esta manera.
Por su parte el nuevo año se inauguró, con la resolución de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que dispuso cerrar la cautelar dispuesta a favor de Santiago Maldonado por su desaparición, atento haber aparecido muerto.
En la cual sin mencionar para nada su supuesto ahogamiento, como dijeron intencionadamente algunos grandes medios, expresó que por tratarse solo de una cautelar, no podía pronunciarse “si el Estado ha actuado o no en compatibilidad con sus obligaciones internacionales tanto en el marco del operativo realizado el 1 de agosto de 2017, como la investigación que resultó de la falta de conocimiento del paradero del señor Maldonado”.
Agregando, “el Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte” de Santiago. “En este sentido, corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de los hipótesis que han surgido a lo largo de la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes. La CIDH insta al Estado a continuar la investigación y esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte del señor Santiago Maldonado, de ser el caso, estableciendo las responsabilidades de cualquier índole que dieren lugar”.
Finalmente expresó que “respecto de las solicitudes de ampliación (de la cautelar) presentadas tanto a favor de los familiares del señor Santiago Maldonado, como respecto de “todos los testigos pertenecientes a la comunidad mapuche o vinculados a la misma que quiera testimoniar en la causa judicial” la Comisión ha procedido a desglosar estas solicitudes.”
El berreta informe RAM a favor de Benetton
Lo expuesto evidencia que el informe RAM es uno de esos típicos informes de inteligencia berretas que suelen producir los denominados “servicios de inteligencia”, que no se saben bien a quien sirven y si tienen alguna pizca de inteligencia.
El que evidentemente en este caso, esta destinado a demonizar a Facundo Jones Huala, y a la comunidad del Pu Lof en Resistencia, que se animó nada menos que a contrincar con el poderoso y muy bien relacionado grupo Benetton. Tal como lo evidencia el siguiente cuadro de vínculos inserto en el informe, de una pobreza intelectual notable similar, a la del resto de su contenido, pero donde figura como jefe del RAM Facundo Jones Huala.
A quién se lo sindica además conectado con el CAM (Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco) chileno, a través del incendio sin víctimas del fundo Pisu Pisue. No obstante que los imputados que figuran en el cuadro, han sido absueltos por la justicia chilena. Salvo la machi Huichalaff que fue condenada por encubrimiento, y era la anfitriona de los restantes imputados, incluido Jones Huala. Quien por ese motivo estuvo detenido en la cárcel de Angol, lo mismo que el supuesto jefe del CAM, Héctor Llaitul Carrilanca, estableciendo así una conexión entre ambos.
Así Jones Huala sería el jefe del RAM, sin otra prueba que esos dibujos. No obstante que declaró públicamente en un reportaje al diario LA NACION, no haberlo creado, y solo haber sido parte de él en el pasado. Con el objetivo del “sabotaje para la expulsión del latifundio. Quebrar la economía del enemigo”. Agregando a continuación algunos conceptos confusos, que no obstante más de allá de sus aspiraciones personales, lo ponen lejos de la insurrección, y más aún del terrorismo:
“No planteamos la destrucción del Estado ni la construcción de un Estado mapuche, que es algo ajeno a nuestra idiosincrasia… Estamos más cerca de las luchas de clase que de la lucha para separarnos del Estado argentino. Somos antioligárquicos, antiimperialistas. No aceptamos su financiación, como dice Bullrich, ni que nos tiren armas para hacer una guerrilla mapuche. No planteamos destruir el Estado moderno.”
“… no peleamos contra el Estado, sino contra las empresas y los terratenientes. El Estado pelea contra nosotros porque defiende a sus verdaderos patrones… No me siento argentino, nunca lo voy a ser, por más que me obliguen. ¿Cuánta gente tiene doble nacionalidad? ¿Por qué no podemos ser una nación mapuche, regirnos por nuestras leyes y respetar al Estado argentino, pero sin ser parte de él?”
A través de Jones Huala el cuadro vincula al RAM con distintos Lof, incluido el de Cushamen. Y a través de los integrantes de ellos, se exhiben conexiones con el anarquismo, incluido Santiago Maldonado, y nada menos que con el PKK (Partido Komunista Kurdo). Y a la vez le atribuye la quema del refugió Neumeyer en Bariloche, a fines del 2014, el cual se lo autoadjudicó un “Movimiento Mapuche Autónomo Puel Mapu”. Y recién un mes después apareció el RAM, proclamándose como su autor, en lo que parece más bien un ejercicio literario que de acción.
A su vez el informe incurre en una grave falsedad, cuando señala: “puede considerarse a la CAM como la organización madre de la RAM. La Justicia chilena ha imputado a la CAM por crímenes con armas de fuego y actos de terrorismo”. Ignorando que en mayo del 2014 Chile recibió una sentencia condenatoria por parte de la CIDH, por usar esa calificación contra ocho mapuches, ordenándole en consecuencia que anulara las sentencias al respecto, y los indemnizara por daños. Por eso actualmente su cuida mucho de tildar a los mapuches de terroristas.
El informe también le atribuye al RAM conexiones con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas) a través del CAM. Y tanto este grupo guerrillero, que ha acordado recientemente la paz en Colombia, como los del PKK, se desternillarían de la risa si vieran el armamento secuestrado a los mapuches en otros lugares, aparte de los supuestos “armamentos” hallados del Pu Luf en Resistencia de Cushamen.
Ellos se pueden apreciar en toda su magnitud en las siguientes imágenes, en las que no se precisa donde fueron obtenidos. Y lo que aparecen son carabinas de caza de un tiro, que abundan en las zonas rurales, y un viejo revolver, junto unas hondas de revoleo.
O un viejo winchester a palanca del 1800 y pico, junto lo que sería una escopeta de caza. De la que se ve el bulto de sus martillos percutores, y por ello no ha sido desenfundada, para disimular lo que realmente es. Junto un viejo revolver Smith & Wesson con cinco balas, y una pistola de pequeño calibre.
En la siguiente foto se revela las mala fe de los autores del informe, que con unas balas viejas que carecen con que ser disparadas, se ha tratado de pringar el “armamento” de cuchillos encontrados en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
El objetivo real del informe RAMplón de “Carolina Serrano”
Se dice que una imagen vale más que mil palabras. Y así estas veinte imágenes obrantes en el informe RAM, muestran palmariamente que el mismo se trata de una berretada RAMplona. De un nivel intelectual despreciable, que no se condice para nada con la estatura académica con la que trata de presentarse el PRO.
Que no tendría otra explicación, de tratar de ser un aporte con la estatura de un ridículo panfleto, para tratar de restañar la imagen de la ministra Bulrrich y el Gobierno, por las vicisitudes del caso Maldonado. Aunque por su contenido ridículo calificable como mamarracho, resulta ser mas bien una evidencia de la responsabilidad de Gendarmería y el Gobierno en la desaparición de Maldonado. Estando así también dirigido malamente a favor del grupo Benetton, y sus enfrentamientos con los mapuches en Chubut, que no solo abarca el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, sino también otras comunidades indígenas.
Como consecuencia de la apropiación ilegal de tierras fiscales y comunitarias que habrían llevado adelante los anteriores propietarios de la CTSA en la provincia de Chubut. Con la que habrían expandido un 30 % las superficies de las estancias de su propiedad que tiene en esa provincia.
Expandiéndose hasta distintas rutas, la 40 nacional y 35 provincial, lo que valoriza notablemente las tierras. Tratando de establecer un continuo en lo que su origen eran rectángulos adosados, conforme se puede ver en el siguiente gráfico. Las que además con subsidios del Estado se forestaron con especies exóticas, alterando el hábitat natural.
Las siete estancias en cuestión, suman un total de 340.000 hectáreas, contando la que parte de ella se encuentra en Rio Negro (Ea Colonia El Maiten), por la cual al menos un 25 % de esa superficie estaría bajo disputa. Y en la imagen se puede observar que el territorio del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, ocupa un lugar estratégico entre las estancias 3) Lelelque y 4) Ea Firtihuín, impidiendo la conexión entre ambas. Estando de por medio además en disputa el rectángulo verde de decenas de miles de hectáreas que se observa entre esta, y la estancia 2) El Maiten.
Esta expansión ilegal por parte de la compañía inglesa Argentine Southern Land Company antecesora de CTSA, es coherente con sus inicios. Dado que esas tierras fueron cedidas gratuitamente en concesión a fines del siglo XIX por el Estado nacional, en base a la ley de “Inmigración y Colonización” promulgada por Nicolás Avellaneda en 1876 (nº 817) que exigía la instalación de colonos extranjeros en ella, con total menosprecio de la población aborigen que la ocupaban.
La que luego ante el supuesto fracaso de la colonización, mediante la ley “de Población” o “liquidación” promulgada por Carlos Pellegrini en 1891 (nº 2.875) tras las crisis del ’90, las tierras fueron directamente entregadas en propiedad a las compañías colonizadores. A cambio de la devolución de una cuarta parte de la superficie, cuya reversión no obstante muchas veces no se registró en los hechos.
En tal sentido lo mínimo que haría un Gobierno con una pizca de moral, sería acotar las superficies que detenta actualmente el grupo Benetton, a estrictamente los resultados de la gran estafa posibilitada por esas leyes dos siglos atrás. Dejando el resto de las tierras para la ocupación de los pueblos originarios,
En consecuencia, aparece aquí otro flanco por el cual el actual Gobierno está también directamente interesado en este agudo conflicto, entre los mapuches y el grupo Benetton. El que consiste, igual que la Generación del 80 que perpetró ese negociado del pasado, en brindarle garantías y “seguridad jurídica” a la inversión extranjera. A la que igual que dos siglos atrás, como si nada hubiéramos aprendido ni crecido, considera que es la única salida que tiene la alicaída economía argentina.
Esta situación o también explica el papel de los grandes medios y comunicadores, que están al servicio de la gestión gubernamental actual. Los que con una total falta de objetividad en el cubrimiento del conflicto, se lanzaron a una notable campaña de demonización de los mapuches y de otros pueblos originarios, como una nueva “campaña contra los indios”.
Quién ha ocupado un lugar central en este conflicto y en la tragedia de Santiago Maldonado, es la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Quién en los ‘70, cuando militaba en la JP – Montoneros, tenía como alias “la Pato” o “Carolina Serrano”, y era amiga íntima y cuñada de uno de sus cabecillas, Rodolfo Galimberti. En consecuencia por entonces era calificada por las “fuerzas del orden” como terrorista subversiva, e insurrecta contra el orden público.
Trágicos calificativos que costaron la vida de miles de personas de uno y otro bando, cuyas secuelas aún subsisten. Los que ahora ella, en defensa de los mismos intereses que antes atacaba, les aplica livianamente a quienes demandan derechos ancestrales, reconocidos por la Constitución. Ratificando así el dicho de que la historia se repite, primero como tragedia, y luego como farsa. Aunque esta tristemente le haya costado la vida el año pasado a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
O quizás en el caso de “la Pato”, “Carolina Serrano”, hoy “la Piba”, siempre haya sido una trágica farsa. Dado que ha sido acusada de ser una de las principales reclutadoras de la trágica “contraofensiva” que lanzó Montoneros en el año 1980. Que costó la vida de cientos de militantes que eran desaparecidos y eliminados apenas ponían un pié en el país.
Mientras que “la Pato” o “Carolina Serrano”, permanecía indemne en Brasil. Y luego cuando reingresó al país antes de la finalización de la dictadura militar, su indemnidad permaneció imperturbable. No obstante haber sido capturada por agentes del tristemente célebre Batallón de Inteligencia 601, que la dejaron en libertad por orden judicial.
Distintos testigos y autores han planteado que dicha “contraofensiva”, habría sido producto de un acuerdo entre el jefe montonero Mario Firmenich, y el almirante Eduardo Massera, con incluso pago de dineros a favor del primero. A los efectos por parte de este último de tratar de reemblocar a las fuerzas armadas con la supuestamente resucitada amenaza guerrillera, ante la debacle del Proceso militar.
Estos espantosos y sobrecogedores antecedentes, de desapariciones y muertes imbricadas con la política, en los que habría estado envuelta “la Pato”, “Carolina Serrano”, hoy “la Piba”, explicarían largamente lo que habría sucedido con la desaparición del cuerpo de Santiago, tras fallecer por hipotermia en manos los gendarmes, en vísperas de las PASO.
Y su posterior reaparición, con síntomas de ahogamiento, en vísperas de las cruciales elecciones de octubre. En las que Esteban Bullrich, el primo de “la Pato”, “Carolina Serrano”, hoy “la Piba”, se jugaba su candidatura nada menos que contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo cual a la luz de esos espeluznantes antecedentes del pasado, sería un macabro juego de niños.-
