El Gobierno de Mauricio Macri demora la investigación conjunta con Brasil del escándalo Odebrecht. Las trabas las pone desde la Cancillería, que posterga los pedidos para que se conformen equipos de trabajo entre fiscales argentinos y brasileños. Nuestras Voces accedió a documentos que muestran la insistencia desde la Procuración General de la Nación, conducida por Alejandra Gils Carbó, para que se pueda avanzar en estas investigaciones.

Pese a que hay indicios que vinculan a la familia presidencial en el escándalo Odebrecht, en especial en torno al soterramiento del Sarmiento, a principios de junio Macri aseguró: “Gils Carbó se dedicó a crear cortinas de humo sobre Odebrecht”. Se refería a la causa por la cual su amigo y jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas fue investigado como receptor de coimas de parte de Leonardo Meirelles, uno de los arrepentidos brasileños. Arribas fue rápidamente sobreseído sin investigar por parte de la Justicia argentina. Pero las causas vinculadas a Odebrecht siguen abiertas y todo indica que es el propio Macri el que no quiere que se investigue a fondo.

Pasó más de un mes desde el último pedido para activar el intercambio de información con Brasil, y que desde la Cancillería no responden las solicitudes del organismo que conduce Gils Carbó. La demora se remonta incluso más atrás.

El 14 de junio, Nuestras Voces adelantó que se firmaría un convenio entre Gils Carbó y su par brasileño, Rodrigo Janot, para agilizar investigaciones que requieran intercambio de información entre Argentina y Brasil . El caso Odebrecht es, obviamente, un ejemplo claro. Al día siguiente, Gils Carbó y Janot firmaron el memorándum que establece la creación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), uno de los ejes que habían acordado dos semanas antes fiscales argentinos y brasileños en una reunión en Brasil.

De esa reunión participaron, por Brasil, el Vice-Fiscal General José Bonifacio y el Secretario de Cooperación Internacional del Ministerio Público de Brasil Vladimir Aras. Por argentina, los fiscales que investigan causas vinculadas a Odebrecht: Sergio Rodríguez, Carlos Stornelli y Franco Picardi. En el comunicado tras esa reunión, afirmaron: “Dicho ECI permitirá a los Fiscales que llevan adelante investigaciones sobre el caso Odebrecht-Lava Jato perseguir de una manera más ágil los graves hechos de corrupción que se han producido en ambos países”.

Al mes y medio, el 31 de julio, Gils Carbó y su par brasileño Janot emitieron un comunicado con la siguiente advertencia: “que las autoridades centrales en materia de cooperación jurídica internacional de ambos países -Ministerio de Justicia de Brasil y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina-, presentan obstáculos y requerimientos que constituyen injerencias indebidas en el desarrollo de los acuerdos que en materia de investigación del caso Odebrecht realizaron los Ministerios Públicos de Brasil y Argentina”. Agregaron que Brasil incluso impulsaba que los Gobiernos intervengan en el intercambio de información. Es decir, que tanto Macri como Michel Temer pudieran meter mano en las investigaciones.

“Los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) son una herramienta de cooperación internacional prevista en tratados internacionales, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (…) Esta conformación permitirá que los Fiscales de ambos países que se encuentren trabajando en el caso Odebrecht puedan compartir información y coordinar trabajos, con el objetivo de avanzar en las investigaciones y condenar a los culpables”, detallaron Gils Carbó y su par brasilero Janot. Hay algo clave: si se logra avanzar en la creación de los ECI, la información viajará de fiscal a fiscal, sin intervención en el caso argentino de Gils Carbó.

Pasado un mes de este comunicado de Gils Carbó y Janot, el que insistió fue el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Rodríguez tiene un rol central en el caso Odebrecht. La PIA es, en concreto, una fiscalía anticorrupción, con la potestad de tener una intervención general en todas causas donde existan indicios de maniobras turbias con el Estado. El caso Odebrecht es paradigmático, y la PIA hace un seguimiento de las causas que están vinculadas.

El 30 de agosto, el fiscal Rodriguez le envío una nota a Diego Solernó, que está al frente de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación. Es decir, el nexo, en este caso, con Brasil. En el documento, al que accedió Nuestras Voces, Rodríguez le pidió que consulte a Cancillería “sobre el estado del trámite de cooperación internacional efectuado el 11 de abril”. El fiscal anticorrupción recuerda que solicitó la conformación de los ECI y el acuerdo entre Gils Carbó y Janot para ponerlos en marcha.

“Dado el interés que reviste para este Ministerio Público la conformación del ECI requerido, ruégole que la diligencia se practique con la mayor celeridad posible y transmita a nuestra Cancillería dicho interés”, sostiene el fiscal Rodríguez en su nota.

Al día siguiente, Solernó le remitió el pedido a Cancillería, puntualmente a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional. “Se solicita darle al presente requerimiento carácter de muy urgente”, dice el escrito enviado a Cancillería. Sin embargo, desde la Procuración confirmaron a Nuestras Voces que, pasado más de un mes, no tuvieron respuesta.

Nuestras Voces consultó a Cancillería por el motivo de estas demoras. La respuesta fue la siguiente: “Las autoridades se encuentran analizando el proyecto de acuerdo de constitución de equipos conjuntos de investigación entre Argentina y Brasil, lo que incluye las propuestas de modificaciones sugeridas por el Gobierno de Brasil, con el fin de hacerle llegar próximamente las observaciones del Gobierno de Argentina”.

@arilijalad