Frente al escándalo por la baja de 170 mil pensiones no contributivas, el Gobierno había prometido reponer ese derecho. Pero aún había más de 100 mil damnificados y la Justicia falló en su favor. El Ejecutivo logró pararlo con la apelación.

El Gobierno apeló la medida cautelar dictada a nivel nacional a favor de los damnificados por el recorte de las pensiones por invalidez, que obligaba a restituir ese derecho. Pese a que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que daría de alta el beneficio a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil titulares siguen sin recibir la prestación. La apelación a la orden de la justicia de reponer los pagos da cuenta de la resistencia del Gobierno a restablecer las pensiones. Para más pesares de los pensionados, la jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, otorgó la apelación con efecto suspensivo, por lo cual la cautelar no se aplica hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones.